Veeduría pide investigar a la alcaldesa de Ibagué y a su secretario de Educación por presuntas irregularidades en nombramientos
El documento también advierte que la alcaldesa Johanna Aranda guardó silencio ante dos solicitudes de acompañamiento institucional enviadas el 17 de septiembre y el 13 de noviembre.
Conlaverdad.com conoció en exclusiva que la Veeduría Ciudadana “Listado de Nombramientos Provisionales Docentes” pidió a la Procuraduría investigar a la alcaldesa Johanna Aranda y al secretario de Educación, Diego Guzmán, por presuntas irregularidades en el manejo de los nombramientos provisionales docentes en Ibagué durante los últimos dos años.
La queja la Secretaría de Educación debía entregar en cumplimiento de un fallo de tutela del 18 de julio de 2025, la información requerida. Sin embargo, la Secretaría entregó un documento incompleto, inconsistente y sin soportes administrativos, lo que abrió dudas sobre el manejo real de las vacantes.
De acuerdo con la veeduría, hay docentes que actualmente laboran en provisionalidad ocupando vacantes sin haber pasado por la plataforma de méritos, y que además no aparecen en el listado oficial. A esto se suman denuncias ciudadanas, solicitudes formales lo que podría evidenciar un uso irregular de las vacantes durante los últimos dos años.
Desde julio de 2025 se han elevado múltiples solicitudes de información pública relacionadas con los nombramientos provisionales, pero el 10 de noviembre la Secretaría de Educación negó nuevamente el acceso, alegando una supuesta reserva que no aplica a información pública como nómina, actos administrativos, tipos de vacante o asignaciones salariales. Ante esta negativa, la veeduría interpuso el Recurso de Insistencia el 12 de noviembre de 2025, tal como lo ordena la Ley 1712.
Ese recurso debía ser remitido obligatoriamente a la Personería Municipal, autoridad competente para resolverlo y encargada de garantizar el acceso a la información pública. Sin embargo, el secretario Diego Guzmán desvió el trámite y envió el recurso al Tribunal Administrativo del Tolima, una entidad sin competencia para atender este tipo de solicitudes, lo que constituye una alteración grave del procedimiento legal y una obstrucción directa al ejercicio de control ciudadano.
El documento también advierte que la alcaldesa Johanna Aranda guardó silencio ante dos solicitudes de acompañamiento institucional enviadas el 17 de septiembre y el 13 de noviembre, configurando una omisión administrativa y una falta al deber de vigilancia sobre su propio secretario de Educación.
La queja presentada ante la pone al descubierto que estas conductas pueden constituir negación injustificada de información pública, desviación del trámite administrativo, obstrucción al ejercicio de la veeduría, omisión del deber funcional y posible abuso de función pública, vulnerando los principios de transparencia, moralidad administrativa y publicidad de los actos públicos.
Como sustento de la denuncia, se anexaron documentos como la negativa de información del 10 de noviembre, el Recurso de Insistencia del 12 de noviembre, la remisión irregular al Tribunal Administrativo, la resolución de inscripción de la veeduría, el listado parcial entregado por la Secretaría y copia del fallo de tutela que ordenó la entrega de la información.
La veeduría solicita a la Procuraduría admitir la queja disciplinaria, abrir investigación preliminar contra los funcionarios mencionados y cualquier otro que haya intervenido, requerir información oficial a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación, determinar si se incurrió en faltas disciplinarias graves y adoptar medidas para evitar nuevas vulneraciones al derecho de acceso a la información y al ejercicio legítimo del control ciudadano en Ibagué.
