Denuncian millonario contrato que le dio la alcaldesa de Ibagué a la esposa de Hurtado
El contrato fue suscrito el 22 de febrero de este año y tiene un valor de $65.405.000.
Conlaverdad.com conoció, qué ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una denuncia por la celebración de un contrato entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, esposa del exalcalde de la ciudad Andrés Fabián Hurtado, quien se encuentra legalmente inhabilitada para contratar con el municipio, según lo estipula la Ley 80 de 1993.
La acción fue presentada en Bogotá por el abogado José Baruth Tafur Gutiérrez, quien advirtió que Galeano Ortiz, al estar casada con quien ejerció autoridad administrativa y fiscal en el Municipio hasta el 31 de diciembre de 2023, incurre en una prohibición expresa para celebrar contratos con la misma entidad territorial durante el siguiente periodo de gobierno. Es decir, en este caso, bajo la administración de Johana Aranda.
Un contrato firmado 53 días después del cambio de gobierno
El contrato en cuestión, identificado con el número 087 de 2024, fue suscrito el 22 de febrero de este año y tiene un valor de $65.405.000. Fue firmado por Sebastián Augusto Perdomo Rondón, gerente del IMDRI nombrado por la actual alcaldesa Johana Aranda, y delfín político de Hurtado.
La contratación de la ex gestora Social no solo riñe con la ley, sino que expone un claro caso de favorecimiento indebido, tráfico de influencias y utilización del poder público en beneficio de un círculo político familiar que se niega a soltar las riendas del municipio.
Una inhabilidad evidente y violada sin pudor
El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que los cónyuges, compañeros permanentes y familiares en primer grado de afinidad de un exmandatario no pueden contratar con la entidad territorial donde este ejerció funciones, durante el periodo siguiente. Es una restricción diseñada para impedir el nepotismo, garantizar la transparencia en la administración pública y evitar que los funcionarios salientes continúen operando a través de terceros.
Sin embargo, la administración de Aranda parece haber ignorado por completo esta prohibición, avalando la contratación de la esposa de su mentor político sin siquiera disimular.
¿Error, cinismo o continuidad del poder disfrazado?
El contrato firmado con Galeano Ortiz no es menor. Tiene una duración de casi 11 meses y exige una amplia gama de obligaciones que van desde asesorías psicológicas en programas deportivos hasta participación en comités, charlas y actividades comunitarias. Todo ello bajo la supervisión directa del gerente del IMDRI, como si se tratara de una funcionaria más.
Una denuncia que puede tumbar el contrato y abrir investigaciones disciplinarias
La denuncia radicada solicita que se declare la nulidad del contrato por violación del régimen de inhabilidades, que se adelante una investigación disciplinaria contra los funcionarios que lo firmaron y que se adopten medidas correctivas para evitar que casos como este se repitan.
El caso ya está en manos de la Procuraduría, y la presión sobre la administración Aranda crece. Este escándalo no solo compromete la legalidad del contrato, sino la credibilidad de un gobierno que prometió transparencia, pero sigue operando bajo la sombra del anterior.
