Denuncia ante Procuraduría y Personería falsedad administrativa y ocultamiento de información en nombramientos docentes de la SecreEducación de Ibagué
Secretaria (e) y abogado estarían implicados en manipulación de respuestas a peticiones y simulación de atención sobre vacantes docentes
ConLaVerdad.com conoció en exclusiva, que ante la Procuraduría Provincial de Ibagué y la Personería Municipal fue radicada una delicada denuncia, en la que se expusieron graves presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Educación del gobierno de Johana Aranda. En la queja se expuso el manejo de derechos de petición relacionados con los procesos de nombramiento en provisionalidad docente.
Según el documento, entregado por el ciudadano afectado que pidió reserva de su identidad, el pasado 5 de julio fue radicada una solicitud en la que se exigió información detallada sobre el procedimiento para asignar vacantes en provisionalidad, los mecanismos de verificación y control institucional, y el acceso a los listados de nombramientos recientes. La solicitud hizo referencia a denuncias ciudadanas sobre presuntos bloqueos arbitrarios en el Sistema Maestro y exigencias económicas para acceder a cargos públicos.
La Secretaría respondió con un documento dirigido a otro ciudadano, sin relación alguna con el solicitante, y cerró el caso como si hubiese sido atendido.
La situación fue reiterada formalmente el 10 de julio, advirtiéndose que el sistema digital institucional marcaba los casos como atendidos sin haber entregado respuesta real, y que las encuestas de satisfacción eran diligenciadas automáticamente sin intervención del usuario.
Lejos de corregir el error, la entidad estatal volvió a evadir los puntos solicitados. En una nueva respuesta, trató erróneamente al ciudadano como “señora” y afirmó haber anexado documentos que nunca fueron entregados, entre ellos, el listado oficial de nombramientos provisionales reportados a la CNSC en los últimos dos años.
El denunciante solicitó que se investigara disciplinariamente a Norma Margarita Cifuentes Zarta, secretaria de Educación encargada, y a Luis Eduardo Herrera Cárdenas, abogado asesor de la dependencia, por haber firmado y proyectado respuestas que no resolvieron las solicitudes de fondo, asignaron erróneamente las notificaciones, simularon cumplimiento institucional y reportaron como entregados documentos que no se anexaron. La queja formal los señaló por posible incumplimiento del deber legal, falsedad administrativa y cierre arbitrario de trámites ciudadanos.
Los hechos denunciados se dieron en medio de un ambiente de cuestionamientos a la Secretaría de Educación, tras las publicaciones realizadas en primicia por este medio sobre presuntas redes de corrupción, exigencias económicas, tráfico de influencias y bloqueos dentro del Sistema Maestro, a cambio de contratos en provisionalidad.
La denuncia, además, dejó entrever anomalías en los procesos de nombramiento, lo que implicaría que, al parecer, existía una estructura institucional diseñada para obstaculizar el acceso a la información y bloquear el ejercicio del derecho fundamental de petición.
