INFiBAGUÉ entregó contrato millonario ‘tipo sastre’ a proveedor del Valle del Cauca que terminó costando más de diez veces su valor en el mercado

Un escándalo de mayúsculas proporciones envuelve al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFiBAGUÉ, bajo la dirección de Edilberto Pava Ceballos. A la redacción de Conlaverdad.com fue allegado un contrato por $3.765 millones de pesos, suscrito el 21 de mayo de 2025, entre el instituto descentralizado y Juan David López Marín, representante legal de la empresa Jikkosoft SAS., cuyo objeto fue: “contratar la adquisición de la suscripción de una licenciaSaaS, del software ‘SILIN’, para la administración del impuesto de alumbrado publico en los procesos de liquidación, facturación, recaudo, cartera y autogestión de empresas de energía, garantizando la puesta en marcha y funcionamiento”.

Lo extraño de esta contratación no es solo el millonario monto acordado, sino también el hecho que el proveedor elegido, Jikkosoft SAS, tiene domicilio en Buga Valle del Cauca, región gobernada por Dilian Francisca Toro, máximo líder del Partido de la U, misma colectividad que avaló a Carolina Hurtado, cómo candidata a lo Cámara y tiene como coordinador en el Tolima a su hermano, el exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado.

Según se estableció, el contrato fue adjudicado mediante contratación directa, bajo el argumento de exclusividad del proveedor. Sin embargo, ese carácter exclusivo jamás fue verificado por el gerente de INFiBAGUÉ, Edilberto Pava Ceballos, a través de ninguna autoridad o instancia técnica independiente. La entidad dio por válidas las afirmaciones del representante legal de Jikkosoft SAS, quien aseguró ser el único desarrollador y distribuidor autorizado del software, sin exigir pruebas externas, comparar opciones disponibles, y, sobre todo, sin someter el proceso a un análisis técnico que garantizara imparcialidad.

El análisis de mercado, si acaso existió, fue superficial y complaciente. No se solicitaron cotizaciones, tampoco se contrastaron funcionalidades ni se analizaron posibles equivalencias técnicas o presupuestales. Se trató de una justificación construida sobre afirmaciones del proveedor, sin que se hiciera el más mínimo esfuerzo por validar lo que le estaban vendiendo. No hubo competencia, comparación, ni  verificación real del valor de lo que se adquirió.

Referencias internacionales consultadas por este medio, arrojaron que plataformas SaaS similares diseñadas para la gestión tributaria, facturación y cartera en entidades públicas, oscilan entre $30.000 y $80.000 dólares anuales. A pesar que el contrato suscrito por INFiBAGUÉ tuvo una duración de cinco meses, lo pactado correspondió a una suscripción de licencia, no a un desarrollo exclusivo, por lo que el valor pagado terminó costando más de un millón de dólares por un servicio que, en condiciones de mercado, suele costar una décima parte. No se evidenció, tampoco, ningún análisis de costos, escalabilidad o funcionalidad que justificara semejante desembolso.

La solicitud de necesidad fue radicada el 8 de mayo de 2025. Ese mismo día, con una celeridad poco habitual, ya estaba aprobado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el monto exacto de $3.765 millones, cifra que luego no sufrió ninguna variación en el contrato. Presuntamente, el contrato fue tipo sastre: ya estaba definido qué se iba a contratar, a quién y por cuánto, lo que dejó entrever que el proceso fue diseñado a la medida del proveedor que resultó beneficiado.

Además, el contrato estableció el pago del 100 % del valor en un plazo de apenas cinco meses. No se exigieron fases de implementación, no se definieron resultados medibles, ni se incorporaron mecanismos de control sobre el avance o funcionamiento del software. Lo pactado fue una entrega total, inmediata y sin garantías de rendimiento. No hay evidencia que se hubiera evaluado el impacto operativo, el número de usuarios que lo utilizarían o el volumen de contribuyentes que sería gestionado a través del sistema. Ni siquiera se determinaron protocolos sobre soberanía tecnológica, propiedad de los datos o soporte futuro. Se firmó, se pagó, y lo demás quedó en el aire.

Todo indica que la operación fue diseñada con precisión para favorecer a un proveedor específico, blindándola con una aparente legalidad que esconde omisiones graves en la planeación, la verificación técnica y el control del gasto público. INFiBAGUÉ no solo decidió pagar una cifra descomunal por un software, sino que lo hizo con una ceguera institucional que convierte el contrato en un sin número de presuntas irregularidades.

Al final, lo que se presentó como una modernización tecnológica terminó revelando un modelo de contratación tipo sastre, sin competencia y sin controles, en el que el mayor esfuerzo fue asegurar que nadie preguntara cuánto realmente debía costar.