La vía de $1.300 millones entre Irazú y La Pola en Ibagué no aguantó ni dos meses: ya presenta graves fallas

45 días después de ser entregada, la vía que conecta a Irazú con el barrio La Pola ya presenta deterioro visible. Se trata del mismo proyecto que la alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda, y la gerente de la época  del IBAL, Erika Palma, vendieron  como una gran solución vial la cual terminó costando más de $1.300 millones. Hoy, esa obra tan ‘cacareada’ por el gobierno ‘Ibagué Para Todos’ presenta graves fallas, al parecer por la mala calidad del material utilizado.

Grietas y deterioro prematuro fueron parte del panorama que comenzó a evidenciarse en el tramo entregado el 21 de junio de 2025, con varios meses de retraso. A finales de agosto, la comunidad ya reportaba las primeras falencias.

Conlaverdad.com tuvo acceso en exclusiva a imágenes y videos que mostraron el daño evidente en la carpeta asfáltica, lo que puso en duda la calidad de los materiales utilizados y la supervisión de la obra.

La ejecución estuvo a cargo de la firma Asfaltemos S.A.S., ganadora de la jugosa licitación. Según relataron vecinos del sector, los trabajos se realizaron sin ningún criterio técnico: “cuando hacía sol, no trabajaban; y cuando llovía, sí”, afirmaron. A pesar de las múltiples alertas durante la obra, la Alcaldía y el interventor optaron por ignorarlas.

Consultados por este medio, varios ingenieros del Tolima confirmaron que el problema pudo ser originado por una combinación de errores técnicos y materiales de baja calidad. Entre las principales causas estuvieron:

• Fallas en la base granular, que es el soporte donde se colocó el asfalto.
• Mala nivelación durante la instalación del asfalto.
• Uso de mezcla asfáltica a temperaturas inadecuadas: “menos de 90 grados y eso no sirve, pierde adherencia y resistencia”, explicaron.

Pese a tratarse de una intervención que también incluyó redes de acueducto, alcantarillado y señalización, la obra terminó tomando seis meses, el doble de lo proyectado, sin que la administración local ni el contratista dieran explicaciones claras por el retraso.

En su momento, la comunidad exigió respuestas. La ley establece que si una obra presenta falencias, deben activarse mecanismos de control: la comunidad, la veeduría o la interventoría deben notificar el daño al contratista para que repare. Si no lo hace, debe exigirse el cumplimiento de la póliza de garantía, con vigencia de cinco años. Pero ni la Alcaldía de Aranda ni Asfaltemos dieron la cara.

Lo cierto fue que Ibagué sumó otra obra en riesgo de ser fallida, otro contrato cuestionado, otro derroche de recursos. Y la administración de Johana Aranda permaneció en silencio