Denuncian al director de Justicia de Ibagué y a contratista por extralimitación de funciones en operativos de ruido
El documento señala que el director Gutiérrez no solo acompañó las visitas, sino que intervino de forma activa. en la toma de mediciones.
Una doble denuncia tiene en el ojo del huracán a la Dirección de Justicia de Ibagué. Mientras crecen los operativos de control de ruido en establecimientos nocturnos, también aumentan los denuncias por actuaciones que podrían estar vulnerando la ley. Dos hechos concretos están en el centro del escándalo: la recusación contra el director de Justicia, Mauricio Gutiérrez, por presunta extralimitación de funciones, y la solicitud de exclusión del ingeniero Mateo Flórez de los procedimientos administrativos por presunto conflicto de interés.
Director de Justicia, señalado por extralimitarse en operativos
La ciudadana Mérida Sierra presentó una recusación formal contra el director de Justicia Municipal, en la que asegura que el funcionario participó directamente en operativos técnicos de sonometría, es decir, en la medición de niveles de ruido en establecimientos comerciales, una tarea que, según lo estipulado en el Manual Específico de Funciones de la Alcaldía, no le corresponde.
El documento señala que el director Gutiérrez no solo acompañó las visitas, sino que intervino de forma activa en la toma de mediciones, lo que constituiría una extralimitación de funciones. La denuncia se basa en el artículo 27 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que clasifica como falta gravísima ejercer funciones que no están atribuidas legalmente al cargo.
De confirmarse los hechos, esta conducta podría acarrear responsabilidades disciplinarias directas, pues compromete el principio de legalidad que rige la función pública y pone en entredicho la validez de los procedimientos realizados bajo esa intervención.
Contratista técnico, en la mira por conflicto de interés
El segundo caso involucra al ingeniero Mateo Flórez, contratista de la Dirección de Justicia, quien participa en la ejecución técnica de los operativos de control de ruido.
En un documento radicado por el representante legal del establecimiento “La Clave”, antes conocido como “La Playita Salsoteca”, se indica que Flórez prestó anteriormente servicios profesionales a ese mismo establecimiento, tanto como ingeniero acústico como en tareas de manejo digital y redes sociales.
Esta doble relación económica y técnica, lo inhabilitaría para intervenir en procesos administrativos contra el lugar, según lo establece el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que prohíbe actuar cuando haya interés directo, previo vínculo profesional o personal con las partes.
Más grave aún, según la denuncia, las mediciones realizadas por Flórez se estarían utilizando como pruebas sin garantizar el derecho de contradicción, lo que configuraría una posible vulneración al debido proceso.
La falta de garantías procesales no solo invalidaría las actuaciones administrativas, sino que podría derivar en demandas por violación de derechos fundamentales.
Solicitudes y exigencias ante los órganos de control
Ante la gravedad de los hechos, se han formulado varias solicitudes formales:
- La separación inmediata del director Mauricio Gutiérrez de cualquier actuación relacionada con la ejecución técnica de los operativos de sonometría.
- La exclusión del ingeniero Mateo Flórez de cualquier proceso administrativo en el que haya existido una relación previa con los establecimientos inspeccionados.
- La remisión de ambos casos a la Personería y la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes.
Estas exigencias buscan proteger la transparencia en los procedimientos, evitar decisiones arbitrarias y garantizar que las sanciones impuestas por la administración no estén viciadas por irregularidades de origen.
Las pruebas comprometen a contratista de la Dirección de Justicia
A las denuncias formales ya presentadas se suman evidencias documentalesque refuerzan las quejas sobre un presunto conflicto de interés por parte del ingeniero Mateo Flórez, contratista técnico de la Dirección de Justicia Municipal.
En primer lugar, se conoció una conversación sostenida entre un contratista de la Oficina de Espacio Público y un tercero, en la que se expresa un aparente interés personal en la realización de un operativo contra un establecimiento nocturno de la ciudad. Este intercambio, que será remitido a los órganos de control, pone en tela de juicio la neutralidad con la que se estarían planificando algunos procedimientos.
Además, se anexa un pantallazo del perfil público de Facebook del ingeniero Mateo Flórez, en el que se evidencia su rol como community manager de la discoteca “La Clave”, anteriormente conocida como “La Playita Salsoteca”. Esta relación directa con el establecimiento refuerza la denuncia presentada por su representante legal, quien asegura que el contratista participó en dos operativos consecutivos contra el mismo lugar, que terminaron en órdenes de cierre, todo en un lapso inferior a tres meses.
Este material que incluye capturas de pantalla y copias de conversaciones del contratista, será incorporado al expediente que será enviado a la Personería y la Procuraduría para su respectivo análisis.
