Opinión

Crisis en tránsito: persecución, intentos de suicidio y autoridades mudas

La dignidad de los agentes de tránsito está en juego, y con ella, la autoridad moral de todo un municipio.

Por Luis Antonio Castro. Abogado especialista. Analista político.

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada compromete a este medio de comunicación. 


En Ibagué se está incubando una crisis institucional de enormes proporciones y no podemos maquillarla con comunicados tibios. Lo que ocurre con los agentes de tránsito es un síntoma de cómo el poder, mal ejercido, se convierte en abuso. No estamos hablando de un simple conflicto laboral: estamos hablando de denuncias formales por persecución, acoso y presiones indebidas que han puesto en riesgo la vida de funcionarios que deberían contar con respaldo, no con hostigamiento.

Que un agente haya intentado quitarse la vida tras ingerir veneno para ratas debería ser suficiente para que las alarmas sonaran en todos los despachos de control disciplinario. ¿Qué hubiese pasado si ese funcionario hubiese muerto? ¿Quién respondía por él, por su familia, por la vergüenza que recaería sobre el municipio? La indiferencia institucional no solo es preocupante: raya en la negligencia.

Resulta inaceptable que el subcomandante de tránsito mencionado en quejas radicadas por agentes ante la Alcaldía, Control Interno y Procuraduría, y citado también en el noticiero nacional de las 7 p.m. del 22 de septiembre de 2025, donde se reseñaron testimonios y antecedentes aparezca hoy como opcionado para comandar la entidad. ¿De verdad Ibagué se va a dar el lujo de poner al mando a un funcionario señalado en múltiples denuncias? ¿A quién le conviene este silencio?. 

Es un insulto a los agentes y a la ciudadanía que, según las quejas presentadas y lo informado por medios de alcance nacional, algunos exintegrantes de la Policía retirados o dados de baja aparezcan señalados de reproducir dentro del cuerpo de tránsito prácticas de acoso y maltrato. El mensaje es devastador: quienes deberían ser guardianes de la disciplina aparecen mencionados como presuntos responsables de hostigamientos. ¿Dónde queda la ética pública? ¿Dónde está la Procuraduría, que se limita a decir que el tema es competencia de la Alcaldía? ¿Dónde está la Alcaldía, que guarda silencio mientras sus funcionarios caen en depresión y desesperanza?.

La autoridad se construye con ejemplo, no con gritos. Con respeto, no con persecución. Hoy, en cambio, lo que tenemos es un mando cuestionado, funcionarios desmoralizados y un aparato institucional paralizado. Y mientras tanto, la salud mental de los agentes, la confianza de la ciudadanía y la credibilidad del Estado local se derrumban.

Este no es un llamado diplomático: es una exigencia. La alcaldesa debe pronunciarse ya y tomar medidas claras. El Concejo Municipal no puede seguir jugando a ser notario del poder: le corresponde ejercer control político real. Y los órganos de control disciplinario deben dejar de esconderse detrás de trámites interminables.

La dignidad de los agentes de tránsito está en juego, y con ella, la autoridad moral de todo un municipio. Ibagué no puede permitirse que el maltrato se normalice ni que el silencio se convierta en la respuesta oficial. La capital musical de Colombia merece que su institucionalidad recupere el ritmo del respeto y la transparencia.

 

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