Favores ilícitos del clan Barreto: más de $150 millones a contratista con títulos falsos

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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En el Tolima, los contratos no siempre se ganan por probidad. Frecuentemente, basta con tener el apellido correcto o con estar cerca del poder. El caso de Liceth Yohana Ortiz Cepeda, hermana del concejal conservador de Ibagué Víctor Alfonso Ortiz Cepeda, desviste la forma en que el ‘barretismo’, la organización política que ha gobernado el departamento por más de dos décadas, parece haber transformado la contratación pública en un método de favores entre amigos y familiares.

En los años comprendidos entre  2016 y 2020, Ortiz Cepeda firmó contratos de prestación de servicios con la Gobernación y con la Empresa de Acueducto, Alcantarillados y Aseo del Tolima (EDAT), (una entidad que ha sido prácticamente la caja menor  de ese clan político). Su función: ejercer como contadora pública. El monto total: $157.480.999. Hasta ahí, un caso más entre los miles de contratos que se firman cada año en las esferas oficiales. Pero hay un dato que cambia todo: Liceth Ortiz no tenía tarjeta profesional vigente durante esos años. Solo obtuvo su registro ante la Junta Central de Contadores el 15 de noviembre de 2023, con el número T-318506. Los documentos revisados revelan que en los contratos firmados durante los gobiernos orientados por Óscar  Barreto, Ortiz presentó una tarjeta falsa, la No. 207948-T y un supuesto certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores. Sin embargo, la entidad confirmó que ese número no corresponde a su registro y que nunca tuvo autorización legal para ejercer la contaduría en el periodo en que fue contratada.

Revisado el SECOP, se demuestra que Ortiz firmó 4 contratos con la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima entre 2016 y 2018, por $103.733.000; uno con la Secretaría de Hacienda Departamental en 2019 por $38.947.999 y otro con la EDAT S.A. E.S.P. en 2020 por $14.800.000 lo que indica que la contratista habría ejercido ilegítimamente la profesión y cobrado recursos públicos con documentos presuntamente falsos. Los hechos podrían configurar los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.

Las irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si además de la contratista, hubo funcionarios que omitieron la revisión de los documentos o, peor aún, facilitaron su contratación.

La historia va más allá cuando se examinan los apellidos. Liceth Ortiz es hermana del concejal Víctor Alfonso Ortiz Cepeda, ficha política del barretismo, el grupo encabezado por el exgobernador y actual senador Óscar Barreto Quiroga, quien ha tejido una red de lealtades que va de la Gobernación a las entidades descentralizadas, pasando por alcaldías, institutos y hospitales que domina. En ese mecanismo, las contrataciones siguen una lógica simple: premiar a los leales y proteger a los cercanos.

En los contratos suscritos con la Gobernación, la encargada de revisar los procesos fue Paola del Rocío Arbeláez Arenas, entonces directora de Contratación y hoy directora jurídica de la Gobernación.

Arbeláez no es una funcionaria cualquiera: está casada con Nicolás Barreto Triana, sobrino del exgobernador Óscar Barreto. Su nombre circula en los círculos del poder, ligado a cargos estratégicos dentro de la administración. Pero la cadena de favores no termina ahí. En el contrato de 2020 con la EDAT, la revisión fue realizada por Andrea Carolina Cajiao Delgado, secretaria general y jurídica de la entidad. Otro eslabón dentro del entramado institucional del barretismo. 

El caso de Liceth Ortiz, muestra cómo la política habitual colonizo la administración pública, creando un método donde la fidelidad política pesa más que la idoneidad. En ese contexto, los procesos de selección se vuelven una formalidad, los filtros de control disminuyen y los contratos se transforman en instrumentos de pago político. Óscar Barreto, ha construido una maquinaria que se mantiene intacta. Sus aliados gobiernan, sus familiares ocupan cargos claves, y los contratistas orbitan alrededor de ese núcleo de poder que domina al Tolima desde hace más de una década.

El expediente Liceth Ortiz es, entonces, una pequeña ventana a un sistema: el de los favores ilegales y el clientelismo institucionalizado, lo que permite que alguien sin tarjeta profesional firme como contadora pública, mientras los funcionarios que deberían controlar miran para otro lado, pertenecen a la misma estructura que se beneficia del silencio.

Hoy, la tarjeta profesional de Liceth Ortiz está activa. Llega con casi diez años de retraso, justo cuando las denuncias comienzan a salir a la luz. Y la pregunta es: ¿cuántos contratos más se han firmado con documentos falsos bajo la protección del poder político?

El barretismo, más que una corriente ideológica, es un sistema de lealtades que se paga con contratos y se protege con cargos. Un poder que no solo domina la política, también las rendijas del Estado donde deberían habitar la legalidad y la transparencia. La contratista, a través de un tercero, aseguró que este tema había sido archivado por la Fiscalía General de la Nación.