En Ibagué y el Tolima, la maquinaria bien aceitada: eventos, recursos y escenarios públicos para campañas
El hecho parecía inofensivo y gracioso y muchos le restaron importancia, pero expone una conducta que no puede tolerarse y que da un golpe a la imparcialidad e igualdad en la acción democrática
Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.
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Hace poco, en un evento de Cortolima, censurable desde todo punto de vista. Santiago Barreto, sobrino del senador Óscar Barreto, participó luciendo prendas alusivas a su campaña electoral al Senado de la Republica en un encuentro realizado en la vereda La Trina en el municipio del Líbano. Santiago hizo uso de la palabra y él como su equipo, llevaban atuendos con el lema “Somos buenos tolimenses”, frase que utiliza como eslogan de su aspiración al Congreso. La discusión surge porque, estos actos son de carácter institucional y financiados con recursos públicos, crea dudas sobre si se utiliza la entidad para posicionar de forma ilícita su imagen política. Aunque Barreto arguyó que su presencia obedecía a su “amor y por el desarrollo sostenible del Tolima”, generó dudas la utilización de entidades públicas y alcaldías para beneficiar su candidatura en las cuales también manejan las nóminas y la contratación. El barretismo proyecta a Santiago como figura de renovación en la política, pero el uso de entidades públicas para visibilizarlo crea críticas sobre el límite entre gestión oficial, que en nada favorece al gobierno departamental, la directora de la entidad y el proselitismo político.
Luego se produjo otra situación de mayor gravedad que tuvo como escenario lo más sagrado de la tradición musical en el Tolima: “El Conservatorio”. Sin sonrojarse, el rector, James Fernández, profanó el templo de Amina Melendro de Pulecio para convertir el emblemático salón “Alberto Castilla” en un escenario politiquero. Mientras para un ciudadano del común o un turista es imposible acceder al monumento histórico un fin de semana, sin importar que fuera domingo, las puertas se abrieron para recibir con pompa a Abelardo De La Espriella y un grupo de sus amigos. Los videos exhibidos desde la cuenta del propio candidato, lo muestran como estrella de la canción, de pie, junto al piano en el escenario principal, mientras lo acompaña en el teclado Fernández. Pero la escena no terminó ahí, al término del improvisado recital, el Rector pese a su la investidura de servidor público, se fundió en un abrazo con el candidato y posó junto a él con el candidato al senado, Enrique Gómez.
La emoción del rector por hacer alarde de sus habilidades, podría terminar desafinando su melodía. Y es que, a días de las elecciones legislativas, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, envió un requerimiento al rector del Conservatorio de Música tras reportes sobre el uso de sus instalaciones por un candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026. El Procurador insiste en garantizar la imparcialidad de los servidores públicos y pidió adoptar medidas para evitar que bienes públicos sean utilizados con fines proselitistas y reiteró la obligación de mantener la neutralidad en medio de la contienda. También solicitó implementar controles internos y capacitar al personal para prevenir que los recursos estatales “resulten comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”.
La Procuraduría advirtió sobre actividades de participación indebida en política, recordando la directiva 013 del 28 de agosto de 2025, emitida por la jefatura del Ministerio Público en la que se recalcan las prohibiciones, en relación con los procesos electorales. La advertencia incluye 12 conductas que pueden ser sancionadas, sobre las que, pide a los servidores públicos y particulares que ejercen función publicas, inhibirse. El inciso que de esa misma directiva señala como una prohibición: Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.
El hecho parecía inofensivo y gracioso y muchos le restaron importancia, pero expone una conducta que no puede tolerarse y que da un golpe a la imparcialidad e igualdad en la acción democrática. Aunque el derecho establece que la responsabilidad por las conductas se asumen de forma individual, la duda que queda es, si la decisión de usar el Conservatorio en sede de campaña es autónoma o cumple con un acto concertado en un nivel jerárquico superior. ¿Está de acuerdo la gobernadora, Adriana Magali Matiz, en su calidad de presidenta del Consejo Superior de esa institución en que se traspase la línea de la intervención en política, sin que ello implique al menos un reproche? O ¿acaso De La Espriella ya tiene el beneplácito desde el décimo piso y por eso la venia para pasearse por edificaciones públicas y utilizarlas en su campaña política?.
Y a nivel municipal, el concejal Andrés Zambrano denunció constreñimiento electoral a contratistas de Alcaldía de Ibagué indicando que la administración habría suscrito 2.250 contratos de prestación de servicios por más de $53.000 millones en 2026, el 97 % a 4 meses, lo que facilita presiones de cara a las elecciones del 8 de marzo. Zambrano denunció que la Alcaldía estaría utilizando la contratación por prestación de servicios (OPS) como estrategia de constreñimiento político para que los y las contratistas voten a favor de candidatos que, según él, serían apoyados por la administración de Aranda. La denuncia realizada en sus redes sociales, asegura que la «maquinaría está aceitada», desde, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
