¿El gobierno del Pacto Verde Histórico, cómplice de las 18.667 niñas y niños reclutados?
Si el Pacto Histórico realmente defendiera la vida, su prioridad sería la sanción social y jurídica de estos crímenes, no el blindaje de sus aliados.
Por: José Baruth Tafur G. Abogado – Especialista en Marketing Político у Estrategias de Campaña. Maestrante Comunicación Política
Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada compromete a este medio de comunicación.
Al menos 18.667 niños y niñas fueron reclutados forzosamente por las FARC-EP. Son casi 19 mil historias de juegos interrumpidos por el peso de un fusil, de llantos silenciados por el silencio de los campamentos guerrilleros, una inocencia que fue sacrificada en el altar de una ideología que hoy, cínicamente, pretende darnos lecciones de moral.
Lo que resulta verdaderamente indignante es el silencio cómplice y la defensa soterrada que emana desde la Casa de Nariño. El gobierno del Pacto Histórico, que se autoproclama como el máximo defensor de la «potencia mundial de la vida», y con dicha narrativa tratan de ocultar los más de 18.000 infantes que fueron obligados a cargar un armar, a abortar y a olvidarse de sus sueños, el gobierno del cambio parece siempre tuvo claro cuál es el bando, y no es precisamente el de las víctimas. Al observar la narrativa oficial, queda claro que para este proyecto político la prioridad es proteger la imagen y la estabilidad de quienes ayer arrebataban hijos de los brazos de sus madres.
Es una contradicción ética insalvable: se llenan la boca hablando de justicia social, mientras se sientan a manteles con los arquitectos de esta tragedia. Los 18.677 menores reclutados son la prueba irrefutable de una degradación humana que el Gobierno intenta ocultar bajo el supuesto de una «Paz Total», que se siente más como una impunidad total.
Defender a quienes cometieron estos crímenes de guerra, otorgándoles estatus político y priorizando sus intereses sobre la reparación real, es una traición a esos miles de niños que nunca volvieron a casa.
Los Colombianos no puede permitir que el discurso de la «Paz Total» sirva para lavar la cara de los victimarios, de los guerrilleros terroristas que defiende el gobierno del Cambio.
Si el Pacto Histórico realmente defendiera la vida, su prioridad sería la sanción social y jurídica de estos crímenes, no el blindaje de sus aliados. Al final del día, los hechos hablan más que los discursos: un gobierno que no condena con toda su fuerza el reclutamiento de 18.000 menores no está defendiendo al pueblo, está defendiendo a sus verdugos. La historia no olvidará que, mientras madres desenterraban la verdad de la infancia robada de sus hijos, el Gobierno estaba ocupado protegiendo a los responsables.
