El liberalismo se acabó: se declara partido de gobierno de extrema derecha

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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Pese a las contradicciones de Abelardo De la Espriella como candidato y las acciones asumidas tras su llegada a la Presidencia, cuando aseguró austeridad en los gastos, anunciando una ceremonia de posesión sobria y generó gastos, estimados en más de $10.000 millones, así como la destinación de recursos públicos, por más de $2.000 millones, para adecuaciones en su domicilio oficial en Barranquilla y, en materia de independencia política, afirmó que gobernaría con los “nunca”, objetando de tajo a la clase política tradicional, a los clanes regionales y a maquinarias ya en el Gobierno, la postura es otra.

Temeroso de quedarse sin su tajada del ponqué, César Gaviria y su bancada de 32 Representantes y 13 Senadores del Partido Liberal, en un aviso, para muchos indignante, fechado el 7 de septiembre, informaron que declararon a su colectividad partido de gobierno. Ahora es un partido de extrema derecha, traicionando sus principios y vendiendo al pueblo a cambio de beneficios personales, porque lo que hoy hace Abelardo es destruir lo poco logrado en beneficio de trabajadores, campesinos, estudiantes e indígenas.

Gaviria Trujillo, en calidad de director del partido, lideró la discusión en la que lo declaró partido de gobierno, acabando la doctrina de los precursores e ideólogos del siglo XIX: Ezequiel Rojas, fundador del partido en 1848 y redactor de las bases doctrinales nacientes bajo la consigna «La Razón de mi Voto», que planteó la libertad económica, los derechos individuales y la separación entre Iglesia y Estado. Manuel Murillo Toro, notorio exponente del radicalismo liberal, dos veces presidente de la República, quien defendió las libertades individuales absolutas, la abolición de la pena de muerte y el federalismo. Rafael Uribe Uribe, caudillo y pensador de orientación social que introdujo ideas pioneras sobre derecho laboral, protección de los trabajadores y la modernización agraria a finales del siglo XIX y principios del XX, así como la expresión de reformadores del siglo XX: Alfonso López Pumarejo, impulsor de la «Revolución en Marcha», que modernizó el Estado en la década de 1930, consagró la intervención del Estado en la economía y promovió los derechos sindicales y de educación pública. Jorge Eliécer Gaitán, gran líder y orador popular que cuestionó la oligarquía bipartidista y centró su pensamiento en la reivindicación de las «clases menesterosas» y la moralización de la política. Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, ideólogos y estadistas que consolidaron el reformismo institucional, la planeación económica y la modernización técnica del Estado a mediados del siglo XX, y Luis Carlos Galán Sarmiento, fundador del Nuevo Liberalismo que abogó por la renovación moral de la política, la lucha contra el clientelismo, la descentralización y la justicia social en las décadas de 1970 y 1980.

En su decisión y después de posible deliberación entre representantes y senadores, César Gaviria, eterno arribista, amante del poder y la burocracia, se fue contra el pueblo que le ha sostenido y subrayó en forma inconcebible que: “destaca y reconoce el esfuerzo que adelanta el presidente Abelardo de la Espriella para cumplir con sus propuestas de plan de gobierno respetando las instituciones; resaltando el orden y la estabilidad jurídica que tanto requiere el futuro de una nación como Colombia (?)”.

El Partido Liberal, con sus curules en Senado y Cámara, explica que, pese a algunas discrepancias con el jefe de Estado por parte de algunos congresistas: “reconoce en De la Espriella su capacidad de trabajo por activar el crecimiento económico, el banco de talentos para darles reales oportunidades a los colombianos, devolver la seguridad y el respeto por las instituciones (?)”. Y fijó la posición en el sentido de que la colectividad manifiesta su derecho a discrepar, pero al mismo tiempo se declara en partido de gobierno.

La postura del Partido Liberal, que decidió declararse de Gobierno, generó reacciones y debate político nacional. La decisión despierta cuestionamientos, dudas, interrogantes, controversia. Algunos sectores consideran que los dirigentes deberían explicar qué representa esta nueva posición para las comunidades de los departamentos y cuáles serán los beneficios concretos para las regiones, la clase trabajadora, los pobres, el campesinado; incluso se cuestiona que el liberalismo se acerque al Gobierno mientras el país enfrenta dificultades en materia de infraestructura, inversión, seguridad, empleo y, sobre todo, oportunidades para las comunidades rurales. Para quienes rechazan esta decisión, el respaldo político debería estar acompañado de resultados concretos para el país y de una defensa firme de las necesidades de los ciudadanos.

Esta alianza es solo por burocracia, contratos y poder para los que se creen dueños de la colectividad. Ante esta decisión, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino expresó: “A ese partido de ‘Liberal’ solo le queda el letrero rojo en la sede de la Avenida Caracas con calle 36 de Bogotá”.