Opinión

Quién gana y quién pierde con Abelardo De La Espriella

Su egolatría, soberbia y pedantería se elevaron al mil por ciento.

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada comprometen a este medio de comunicación.

Lo que perdieron los colombianos se asocia a las críticas, tesis y debates afines con la trayectoria del presidente Abelardo De La Espriella. Los argumentos sobre las pérdidas de la ciudadanía se dividen en varios puntos. Los ahorros en la pirámide DMG: se recuerda en forma obstinada que miles de colombianos perdieron sus ahorros tras la caída de la captadora DMG. La crítica está en que De La Espriella, como abogado, asumió la defensa pública y legal de David Murcia y negó primero que se tratara de una estafa.

En restricción de derechos fundamentales, los colombianos perdieron el alcance pleno de la acción de tutela y el derecho a la protesta con la emisión de decretos que coartan la colocación de tutelas que incluyan al mandatario, exigiendo que sean presentadas solo ante el Consejo de Estado, que las protestas sean limitadas en sitio y área, que la Policía podrá usar la fuerza como en épocas anteriores, cuando muchos perdieron sus ojos y la vida, lo cual es antidemocrático porque el derecho a la vida es inviolable, así como la prohibición de desaparición forzada, tortura o tratos crueles, la igualdad ante la ley sin discriminación, la libertad personal y libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de personalidad jurídica, intimidad, honra, libertad de conciencia, de expresión y movimiento, pensamiento, información sin censura y libre circulación, presunción de inocencia y recursos ante privaciones ilegales de la libertad, así como colectivos, de petición, reunión, asociación, trabajo y participación en conformación del poder político.

Su plan de gobierno ajustaba reducción presupuestal de 20 billones, planteando la privatización, fusión o eliminación de más de 100 entidades del Estado. Los que se oponen arguyen que el país pierde cobertura institucional y programas sociales. Y curioso, aumentó el presupuesto general de la Nación y redujo la inversión social, afectando a los más humildes y, sobre todo, a las regiones, designó personal con sueldos estrafalarios y se burló de los ciudadanos que se inscribieron en un denominado banco de talentos que costó más de 800 millones y los nombrados fueron parientes, amigos y socios, muchos de ellos con investigaciones y prontuarios, mientras prepara la reducción de impuestos para los más ricos y poderosos y cargas más gravosas a la clase media y a los humildes.

Organizaciones comunitarias y medios críticos señalan retraso e insuficiencia de su gobierno para atender a las víctimas que todo lo perdieron, viviendas y sustentos, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país. Además, está en entredicho el monto de los recursos donados a la Fundación de la primera dama. Desde el gobierno, se soporta que se ha ganado orden y seguridad con golpes a estructuras criminales, arguyendo una reducción en delitos, pero la verdad es que tornaron los falsos positivos y prosperó la alevosía de las fuerzas públicas en contra de los ciudadanos y organismos internacionales y sectores de oposición señalan que las propuestas de mano dura, como la creación de megacárceles bajo un modelo de detención acelerada, podrían representar riesgos de debilitamiento del Estado social de derecho y posibles detenciones arbitrarias si no se enfocan de manera adecuada en los altos mandos delictivos.

El Presidente pregona austeridad, pero gasta miles de millones en vuelos en helicóptero y desplazamientos innecesarios, a la par que negocia préstamos impagables y la soberanía del país, comprometiendo recursos naturales y empresas productivas, a lo que le suma su egolatría, soberbia y pedantería, solicitando aplausos cada vez que habla, sobre todo inaugurando obras que no son suyas, a la par que ordenó cotizar la producción de al menos 100 monedas con un tigre en alto relieve, la fachada de la Casa de Nariño, las iniciales de Abelardo De La Espriella y referencias a la seguridad presidencial que hacen parte del diseño de una moneda protocolaria de su Gobierno. La propuesta fue expuesta a través de una invitación publicada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el 18 de septiembre, que busca conocer cuánto costaría producir al menos 100 unidades, que tendría un diámetro de seis centímetros y un grosor de cinco milímetros. Entre los materiales considerados están el zamak centrifugado y el bronce troquelado en tercera dimensión, mientras que el acabado sería un baño de oro antiguo.

Una de las caras tendría como protagonista la cabeza de un tigre, elaborada en alto relieve y con colores naranja, negro y blanco. Sus ojos de color verde esmeralda y estaría acompañada por la imagen de la Casa de Nariño y la bandera de Colombia. Debajo, las iniciales ‘A.D.L.E.’ y a los lados estarían los años 2026 y 2030. En la parte superior se ubicaría la frase ‘Honor y lealtad’, acompañada por dos estrellas. En la parte inferior, la expresión ‘Jefatura para la Protección Presidencial’, sobre un listón verde militar. Según la descripción técnica, el tigre simboliza “fuerza, agilidad y vigilancia”.

La otra cara de la moneda tendría como eje las labores de protección del jefe de Estado. Allí se contemplan las figuras de un integrante de protección táctica, una agente de protección ejecutiva y un casco espartano dorado con penacho negro, elementos que estarían rodeados por una guirnalda de laurel. El diseño también incluiría el nombre de Carlos Andrés Caicedo Páez, jefe para la Protección Presidencial. No tendrían valor comercial ni serán utilizadas como dinero. La intención es que actúen como piezas protocolarias para entregar a invitados especiales, militares, diplomáticos, autoridades, deportistas y visitantes en actividades oficiales de la Presidencia.

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