Cuando el Pacto Verde Histórico disfraza el vandalismo de cultura

Por: José Baruth Tafur G. Abogado – Especialista en Marketing Politico y Estrategias de Campaña. Maestrante Comunicación Política.

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada comprometen a este medio de comunicación.

En la política contemporánea, el uso del lenguaje y la manipulación de la narrativa suelen ser herramientas recurrentes para evadir responsabilidades. Lo ocurrido tras las movilizaciones del pasado 14 de octubre en Ibagué es un claro ejemplo del uso de esta herramienta de la comunicación: sectores políticos del partido del exgobierno Petro prefieren alterar la realidad antes que asumir la gravedad de los hechos. El concejal Andrés Zambrano, representante de la Alianza Verde, protagonizó una muestra descarada de reencuadre mediático e ideológico al intentar matizar el comportamiento violentista de un sector de los manifestantes.

Sostener de manera tajante que en el lugar del conflicto solo había «artistas tocando» e insinuar que los enfrentamientos fueron provocados deliberadamente para empañar la jornada no es únicamente una distorsión de los hechos; es una burla directa a la ciudadanía. Los hechos claros y evidentes, como la presencia de hombres que portaban armas blancas, demuestran una clara intención de violencia. Como resultado, se dio la incautación de armas blancas —puñales, machetes— e incluso elementos explosivos, como papas bomba, además del consumo reiterado de sustancias en medio de la protesta y las agresiones contra los integrantes de la Fuerza Pública.

Nadie pone en duda que la protesta social es un derecho fundamental amparado por la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, el ejercicio de este derecho termina donde empieza la violencia, la degradación del espacio público y la destrucción de los bienes de la ciudad. Convertir en costumbre la devastación de lo público bajo la bandera del descontento social no es protesta legítima: es vandalismo.

Resulta alarmante la persistencia con la que voceros de sectores como la Alianza Verde y el Pacto Histórico, alineados con el representante a la Cámara y su cuñado, el diputado Tocora, insisten en justificar o relativizar estas conductas. Al reencuadrar los hechos de violencia como simples expresiones artísticas o atribuir sus consecuencias a supuestas “provocaciones”, terminan priorizando la defensa discursiva de quienes presuntamente delinquen y destruyen la ciudad por encima de los intereses de la inmensa mayoría de los ibaguereños, que exigen orden, seguridad y respeto por lo público.

Ibagué no necesita representantes políticos que disfracen con eufemismos las denuncias sobre el porte de armas blancas ni que pretendan hacer pasar machetes y papas bomba por instrumentos musicales. La ciudadanía merece líderes que defiendan las garantías constitucionales con rigor, pero que también condenen sin ambigüedades la violencia y el vandalismo que degradan la convivencia y atentan contra el patrimonio colectivo.