Alcaldesa Aranda sancionada económicamente por desacatar orden judicial de construir puente en la comuna Siete de Ibagué
El puente vehicular, cuya ausencia afecta gravemente la movilidad de las comunidades rurales, debía reconstruirse bajo los términos de un contrato de consultoría firmado en noviembre de 2022
Conlaverdad.com conoció en exclusiva, que la Alcaldía de Ibagué, en cabeza de Johana Aranda, fue sancionada por incumplir un fallo, tras las órdenes emitidas en una sentencia judicial dictada el 14 de marzo de 2023, que ordenaba el reemplazo de un puente vehicular colapsado en el barrio El Salado. Tras más de 16 meses de inactividad y sin que se haya realizado una gestión mínima para acatar la sentencia, la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera fue sancionada con una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. En caso de no realizar el pago dentro de los próximos tres días, la infracción será convertida en arresto.
El origen de este proceso se remonta al 7 de febrero de 2023, cuando la Personería de Ibagué y el Municipio llegaron a un acuerdo, aprobado judicialmente en marzo del mismo año, para reemplazar el puente vehicular que conecta las veredas La Esperanza y Carrizales. La orden tenía un plazo máximo de 15 meses para cumplirse, abarcando todas las gestiones necesarias, desde el ámbito urbanístico hasta el técnico y presupuestal. Sin embargo, a pesar del mandato claro y detallado, el Municipio dejó que los plazos expiraran sin demostrar ningún avance.
El puente vehicular, cuya ausencia afecta gravemente la movilidad de las comunidades rurales, debía reconstruirse bajo los términos de un contrato de consultoría firmado en noviembre de 2022. No obstante, el paso del tiempo reveló que no se han iniciado las gestiones necesarias para su reemplazo, lo que llevó al Ministerio Público, a solicitar, el 24 de junio de 2024, un incidente de desacato contra la administración local.
El 27 de junio, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué exigió al Municipio un informe detallado de las acciones tomadas para cumplir con la sentencia. Sin embargo, el tiempo para responder transcurrió sin que la administración local presentara ningún informe o justificación válida. Ante la inacción y la falta de transparencia, el juzgado inició el proceso de desacato el 15 de agosto, dirigido a la alcaldesa como representante legal de la entidad.
El Municipio, en un último intento de evitar la sanción, presentó un memorial en el que afirmaba estar ejecutando ciertas actuaciones, aunque sin ofrecer pruebas ni detalles concretos. La revisión del expediente, sin embargo, desmintió tales afirmaciones, dejando en evidencia que no se ha avanzado ni un milímetro en la solución del problema.
La falta de diligencia y el desinterés evidente por parte de la Alcaldía de Ibagué fue uno de los factores determinantes para la sanción impuesta. El juzgado, tras constatar la negligencia de la administración, decidió imponer una multa a la alcaldesa, quien no solo debe pagarla en un plazo de tres días, sino que además está obligada a reportar el cumplimiento de la sentencia judicial. En caso de persistir la omisión, la sanción podría escalar hasta el arresto.
Este fallo deja al descubierto no solo la ineficacia administrativa, sino también una alarmante indiferencia frente a las necesidades urgentes de la población rural. Mientras la alcaldía guardaba silencio, las comunidades afectadas han sufrido el impacto de la falta de un puente vehicular que garantice su seguridad y conectividad.
