Alcaldesa Aranda tiene en crisis total la USI de Ibagué

La caída de Jorge Armando Cabrera de la gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué USI, apenas cinco meses después de su llegada, permitió ver en forma real, el panorama crítico en la salud pública en la capital tolimense. Entre denuncias de corrupción, presiones políticas, descomposición derroche de recursos y maltrato laboral, la alcaldesa Johana Aranda, presume haber dado un golpe de autoridad al remover al último hombre de confianza del exalcalde Andrés Hurtado, mientras decenas de trabajadores denuncian meses sin salario,  trato indigno, amenazas de despido y programas de acción completamente desfasados, lo que colocó en riesgo cuantiosos recursos del orden nacional.

Lo que se calificó como una convulsión política y administrativa para agitar los cimientos de la salud pública en Ibagué con la salida de Jorge Armando Cabrera Gutiérrez de la gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), es sencillamente la demostración de como la salud es un arma politiquera de doble filo y con  muchos recursos en  nuestro territorio. Su destitución, ejecutada por la alcaldesa, se convierte en un aparente símbolo de enemistad con su antecesor Andrés Hurtado, bajo cuya sombra permanecía en esta entidad. En apenas cinco meses, Cabrera acumuló escándalos que lo dejaron sin margen de maniobra, pero su remplazo destapó la caja de Pandora, porque todo salió a la luz y quien lo substituyó tampoco reúne los requisitos y además tienen inhabilidades.

El  salida de Cabrera significa mucho más que un simple cambio administrativo. La USI era considerada junto al IBAL, los bastiones burocráticos que sostienen la influencia de Hurtado en la Alcaldía. Con la salida de este burócrata, se desmantela aparentemente el reducto político que servía de plataforma a los intereses del clan de Hurtado. La decisión de Aranda marca un supuesto viraje hacia una presumida independencia política que sus críticos venían reclamando.

Sin embargo, lo más preocupante no se limita a las pugnas de poder. Una treintena de trabajadores denunció haber trabajado durante meses sin recibir un solo peso de salario. Su labor, fundamental en campañas de vacunación y atención primaria, quedó invisibilizada por la administración. Los afectados afirman que han tenido que endeudarse y costear su seguridad social de forma personal, mientras sus familias padecen la incertidumbre económica.

Lejos de recibir respuestas a sus reclamos, los empleados aseguran haber sido víctimas de amenazas. Según sus delaciones, cuando exigieron sus pagos, la respuesta fue que podían ser reemplazados fácilmente, pues “para eso hay montones de hojas de vida”. Este escenario de intimidación desafío y precariedad laboral, revela un trato indigno hacia quienes sostienen las jornadas de salud más sensibles de la ciudad.

En el ámbito contractual, la gestión de Cabrera estuvo marcada por polémicas que encendieron alarmas. Un ejemplo claro es el de Servitroal, una empresa que pasó en menos de un año de suministrar papelería por 34,9 millones de pesos a monopolizar contratos de aseo hospitalario con millonarias adiciones y prórrogas. El salto generó sospechas de direccionamiento y favoritismo en la adjudicación. Otro caso cuestionado es el contrato de 478,6 millones de pesos adjudicado al Consorcio Biomédicos N&C 2025 para la compra de equipos médicos. Aunque en los documentos oficiales se justificó como una dotación para fortalecer la red pública, el proceso dejó serios vacíos técnicos y administrativos. Las dudas sobre la transparencia del procedimiento ya están en predios  de los organismos de control.

Las críticas también apuntaron al ingreso de familiares y asociados políticos de Hurtado en la planta de personal de la USI. Muchos de ellos, según se denunció, se sindicalizaron de inmediato para protegerse de despidos. Este blindaje fue interpretado como una estrategia para perpetuar la influencia del exalcalde en la entidad, incluso bajo el gobierno de Aranda, generando tensiones internas.

La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y el Ministerio de Salud iniciaron investigaciones preliminares para esclarecer los múltiples señalamientos hechos. El farol de las indagaciones está en la contratación cuestionada, la permanencia de cuotas políticas y las presuntas irregularidades en la administración de Cabrera. El cerco institucional, sumado al desgaste público, precipitó la salida del responsable de la USI. Esa exclusión, aunque celebrada por sectores críticos, deja en evidencia la profunda crisis que atraviesa la entidad. El reto inmediato será recuperar la confianza de los trabajadores y garantizar la prestación eficiente de servicios de salud, mientras se sanea la entidad de los vicios que arrastra.

El enigma que queda es si Johana Aranda logrará mantener un verídico desapego del clan Hurtado o si, con el paso del tiempo, volverán a lo mismo de siempre. Lo innegable es que, por ahora, la salida de Cabrera, significó un golpe contundente para las aspiraciones políticas de su exjefe y marca un nuevo camino en la dinámica de poder en la región.