Alcaldía de Aranda prometió vivienda a damnificados de Cay y terminó perdiendo los documentos

Diez meses han pasado desde que un deslizamiento de tierra destruyó la vivienda de una familia en la vereda Cay La Cascada, zona rural de Ibagué, y la solución que, según denuncian, les fue prometida por la alcaldesa Johana Aranda, nunca llegó. Recibieron tres meses de apoyo para pagar el arriendo, pero los materiales de construcción no aparecieron, la reubicación quedó en veremos y ahora aseguran que hasta la documentación entregada para atender su caso ya no aparece en los registros, así lo denunciaron en exclusiva a Conlaverdad.com los afectados.

La tragedia ocurrió el 15 de noviembre de 2025, alrededor de la 1:00 de la tarde. Ese día ya se habían presentado tres deslizamientos en el sector y el tercero terminó por desaparece la vivienda, especialmente en la parte posterior, donde aproximadamente la mitad de la estructura quedó comprometida.

Un vecino dio aviso a las autoridades y el hijo de la familia llegó al lugar antes que los organismos de emergencia. Cerca de una hora y media después llegaron el entones secretarios de Gestión del Riesgo Harold Wilches, Félix Salgado para la época director de Ambiente y bomberos, quienes revisaron la vivienda y el terreno y realizaron incluso sobrevuelos con drones. Según relata la familia, en ese momento les indicaron que no existía un riesgo inmediato y que la vivienda podía ser modificada o reestructurada.

Sin embargo, entre las 6:30 y las 7:00 de la noche se produjo otro pequeño movimiento de tierra. La familia decidió salir de la casa y ubicarse cerca de la carretera, al considerar que allí estarían más seguros. Poco después ocurrió el deslizamiento de mayor magnitud y la vivienda terminó completamente destruida. Después de la emergencia, los damnificados  recibieron varias visitas de funcionarios de la Administración Municipal, entre ellas de la mandataria  Aranda y de integrantes de Gestión del Riesgo. Allí, según el testimonio entregado por el hijo de afectada, comenzó la búsqueda de una alternativa para que pudieran volver a tener una vivienda.

La familia pidió ser reubicada porque, de acuerdo con los estudios realizados en el terreno, todavía existía una parte de tierra que eventualmente podría deslizarse. No se trataba necesariamente de un riesgo inmediato: les explicaron que el movimiento podía presentarse en unos años o incluso después de más de una década. Aun así, para ellos regresar al mismo lugar no era una opción.

La respuesta que recibieron, según cuenta, fue que una reubicación era difícil debido a que había muchas familias en condiciones similares. Como alternativa, se les ofrecieron tres meses de ayuda para pagar el arriendo y se les planteó que ellos debían conseguir un lote, mientras la Administración apoyaría con los materiales para construir nuevamente la casa.

Los tres meses de arriendo se cumplieron, aunque la familia aclara que ese dinero no fue entregado directamente por la Alcaldía. Lo que nunca llegó, aseguran, fueron los materiales para construir su nuevo proyecto de vida.

A partir de ese momento comenzaron a buscar terrenos y a presentar propuestas ante las dependencias locales. Gestión del Riesgo visitó algunos de los lugares que la familia había identificado, pero, según relatan, nunca recibieron una respuesta definitiva sobre si alguno de esos lotes cumplía con las condiciones necesarias para avanzar con la reubicación.

Durante aproximadamente tres meses, entre comienzos de diciembre y los primeros días de marzo, insistieron ante Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Rural para conocer qué procedimiento debían seguir. Incluso desde esta última dependencia los contactaron con un abogado que, según les explicaron, debía encargarse de presentar la propuesta. La familia asegura que nunca supo si ese trámite finalmente se realizó y que tampoco recibió respuesta posterior.

La incertidumbre aumentó cuando la madre de familia regresó a Gestión del Riesgo para preguntar por el censo de damnificados. Allí, según señaló el hijo, le dijeron que no aparecía registrada en ningún censo ni listado, pese a que durante la atención inicial de la emergencia les habían tomado datos, documentos y firmas. “Las palabras de la alcaldesa y de los secretarios se quedaron en veremos”, dijo al recordar lo ocurrido después de la destrucción de la vivienda.

Con el cambio de funcionarios, volvieron a intentar reactivar el caso. Inicialmente les dijeron que el proceso seguía activo y que regresarían al terreno para revisar nuevamente la situación, pero esas visitas, según señala, nunca se concretaron. Cuando la madre volvió a preguntar por el caso, entre julio y comienzos de agosto de este año, recibió una respuesta que volvió a dejarlos aún más decepcionados: en la dependencia ya no aparecían los documentos de su proceso y el funcionario que actualmente ocupa el cargo les manifestó que el caso no le correspondía porque él no estaba cuando ocurrió la emergencia.

Mientras tanto, la familia continúa pagando arriendo con sus propios recursos. “Sí, claro, de la plata de nosotros mismos, porque ya el Estado no se comprometió con nada más y no volvió a aparecer”, manifestó el entrevistado.

Son dos las familias afectadas por esta situación, que después de perder sus viviendas aseguran haber recorrido distintas dependencias de la Administración Municipal buscando una respuesta que, hasta ahora, no ha llegado.

En su petición que reclaman es que exista mayor atención y seguimiento a los casos de las familias afectadas por emergencias y que los compromisos adquiridos no queden únicamente en palabras. “Que haya mayor atención con los casos, que haya un seguimiento. Si hay un compromiso, si hay una promesa, la idea es que la cumplan”, concluyó el entrevistado.