Alcaldía de Ibagué adelanta obras en un terreno privado para favorecer a la candidata ‘Hurtadista’

Estalló monumental escándalo en contra de la administración de Andrés Fabian Hurtado. Habitantes del barrio Montecarlo, ubicado en el barrio Especial El Salado, han denunciado a Conlaverdad.com que en plena época electoral, la administración municipal ha llevado a cabo una serie de intervenciones en un terreno de propiedad privada, aparentemente con el objetivo de obtener apoyo para la candidata ‘Hurtadista’, Johana Aranda.

Las delicadas denuncias, proviene de ciudadanos que, durante los meses de agosto, septiembre y lo que va de octubre, han sido testigos de la actividad frenética del gobierno ‘Ibagué Vibra’. Maquinaria amarilla, volquetas cargadas con material de pavimentación y equipos de poda se han convertido en una constante en un terreno privado, adyacente al barrio Montecarlo, en la comuna Siete de esta capital. 

El terreno en cuestión es propiedad de la Asociación de Vivienda Popular ‘La Vicentina’. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de libertad y tradición, no figura registrado como vereda, asentamiento, caserío ni comunidad ante ninguna entidad municipal o pública.

En el mismo contexto, los residentes de Reservas del Paujil, asentados cerca a la zona, alegan que la comunidad que habita este terreno de 5.5 hectáreas, identificado por la Ficha Catastral # 73001 000 4003 705 280 00 y la Matrícula Inmobiliaria # 350-122962, ha estado trabajando en un proyecto de 452 soluciones de vivienda durante más de nueve años. Lo lamentable de esto, es que a pesar de su persistente esfuerzo, estas 85 familias que actualmente habitan en el terreno en mención, no cuentan con servicios básicos como agua potable, alcantarillado o un puente que les permita cruzar el Río Alvarado y acceder a sus hogares.

Las denuncias de los afectados señalaron un patrón de abandono por parte de las autoridades. Durante casi cuatro años de la administración Hurtado, las solicitudes de saneamiento básico, incluyendo acueducto y alcantarillado, quedaron sin respuesta, a pesar de tener una conexión cercana al IBAL y al colector del Río Alvarado, ubicado a menos de 200 metros del terreno. Sin embargo, cómo por arte de magia, quizás por estar en plena época electoral, la comunidad ha experimentado una oleada de visitas por parte de candidatos apoyados por la Alcaldía local, quienes prometen soluciones a cambio de apoyo electoral.

La urgencia y la parcialidad con la que el gobierno local busca votos para Aranda se hizo evidente cuando, en el mes de agosto, la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, aprobó la creación de la Junta de Acción Comunal (JAC) dentro del terreno privado de la Asociación de Vivienda, una acción que ha dividido a la comunidad. Esto plantea un dilema, ya que si las entidades gubernamentales no pueden llevar a cabo obras en terrenos privados, la razón de ser de una JAC en este contexto resulta cuestionable.

Los habitantes afectados están solicitando a la Procuraduría y la Contraloría que investiguen las acciones de los funcionarios que respaldaron la creación de la JAC, alegando que esta situación se está convirtiendo en una creciente bomba social que podría derivar en tragedia.

Además, los afectados exigen una investigación a los organismos de control, sobre las repetidas intervenciones de maquinaria amarilla, las volquetas cargadas con material de pavimentación y las actividades de poda realizadas en terrenos de propiedad privada por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planeación local y de la empresa Ibagué Limpia.