Alcaldía Ibagué, al borde de pagar una millonaria demanda por las decisiones arbitrarias de Jaramillo

Conlaverdad.com conoció en exclusiva que en las próximas semanas se emitirá un fallo que podría costarle a la Alcaldía de Ibagué una millonaria indemnización, consecuencia directa de las decisiones arbitrarias tomadas por Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando fue mandatario. Pero el golpe no termina ahí: la sentencia también obligaría al Municipio, en cabeza de Johana Aranda, a reintegrar al demandante en el cargo, lo que podría desatar un terremoto político. Este puesto, actualmente en manos de un aliado político que habría recibido la posición como recompensa por su apoyo en campaña, esto dejaría a la alcaldesa en una posición insostenible.

En un rincón discreto de la capital del Tolima, Iván Mantilla rompió el silencio con este medio. Ocho años después de haber sido declarado insubsistente como director de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, bajo el mandato de Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, Mantilla se mantiene firme en su convicción: demostrar que su despido fue injusto y motivado por razones ajenas a su desempeño.

“Yo no cometí ningún delito en la Alcaldía”, enfatizó Mantilla. Habló con la certeza de quien, pese al tiempo transcurrido, mantiene viva la herida. Lo que empezó como un acto de confianza hacia Jaramillo, quien lo nombró en el cargo, terminó en una relación fracturada. La razón, según el exdirector, radicó en su disposición de “hacer bien las cosas”, algo que aparentemente incomodó al entonces alcalde.

Mantilla describió su inicio en la administración del hoy Ministro de Salud como prometedor. Proveniente de un trabajo similar en el gobierno de Luis H. Rodríguez, asumió la dirección con el ánimo de servir a la comunidad. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse cuando decidió exponer públicamente las falencias del gobierno local en temas críticos, como la falta de combustible para carrotanques en plena emergencia por sequía o la inoperancia en la entrega de radioteléfonos a las comunidades del Cañón del Combeima y el Machín.

“El día que comuniqué todo a la comunidad, él me tomó entre pecho y espada”, dijo Mantilla, recordando cómo la transparencia se convirtió en su condena. El desenlace fue abrupto: un día lo llamaron para informarle que había sido declarado insubsistente.

Desde su salida, un grupo de amigos le propuso demandar a la Alcaldía, asegurando que su despido no solo había sido injusto, sino también ilegal. El exfuncionario accedió, no por interés económico, sino por principios. “Si algún día la demanda sale a favor mío, no es dinero para mí”, aclaró. Según explicó, los recursos irían destinados a fundaciones, mientras que los abogados recibirían un porcentaje por sus honorarios.

La demanda, que hoy asciende a más de 600 millones de pesos, busca demostrar que Jaramillo Martinez, actuó de manera autoritaria. “Lo que quiero es que quede claro que él se equivocó, así como él podría pensar que me equivoqué yo”, afirmó.

Durante su gestión, Mantilla no solo enfrentó las presiones internas de la administración, sino también un sistema que, según él, funcionaba más como un mecanismo de censos que como una verdadera Unidad de Gestión del Riesgo. Esta visión, que chocaba con la manera en que la administración de Jaramillo abordaba las problemáticas sociales, lo llevó a buscar soluciones reales, aunque esto significara enfrentarse a su propio jefe.

Ocho años después, Mantilla sigue esperando. Recientemente, los abogados le notificaron que el proceso está en etapa de fallo: “No sabemos si van a decir sí o no, pero después de tanto tiempo, al menos está avanzando”.

Para el afectado, el caso va más allá de una indemnización o una posible reinstalación en el cargo. Lo ve como una oportunidad para establecer un precedente, no solo contra Jaramillo, sino también contra un sistema que, en su opinión, permite este tipo de irregularidades.