Apartados del uso de alcohosensores nueve agentes de tránsito de Ibagué por presunta corrupción
La medida se tomó luego que se decretaran pruebas de oficio dentro de una investigación disciplinaria en curso.
Un nuevo escándalo sacude a la Secretaría de Movilidad de Ibagué. Conlaverdad.com conoció que nueve agentes de tránsito, fueron apartados de manera inmediata de la operación de alcohosensores tras las graves sospechas de presuntas manipulaciones en la práctica de pruebas de embriaguez. Así lo ordenó la Oficina de Control Único Disciplinario mediante auto fechado el 16 de mayo de 2025, en el marco del expediente 15-2025.
La medida se tomó luego que se decretaran pruebas de oficio dentro de una investigación disciplinaria en curso, que busca esclarecer posibles irregularidades en los procedimientos de control de embriaguez en la ciudad. La comunicación oficial, dirigida al secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez; al comandante de tránsito, Jesús Antonio Prado; y al subcomandante Hansson Reina Carvajal, exhorta a reestructurar de manera urgente el sistema de rotación de agentes certificados en el manejo de alcohosensores, un grupo que, según el documento, asciende a 60 funcionarios habilitados.
En el documento se señala, que los agentes involucrados, Diego Fernando Bonilla, Óscar Urbina, Jaime Hernando Díaz, Anderson Olaya Rincón, Andrés Ángel Gutiérrez, Diego Armando Huertas, Rosember Camargo, Danny Leandra Carrillo y Adiela Correa, no podrán seguir desempeñándose como coordinadores ni operadores de estos dispositivos, y deberán ser reasignados a otras funciones.
Aunque el despacho disciplinario no detalló públicamente los hechos concretos, sí deja claro que la decisión busca salvaguardar la integridad, transparencia y legalidad del proceso, previniendo cualquier posible interferencia, alteración de pruebas o direccionamiento indebido de los procedimientos.
Fuentes cercanas al caso expresaron, que existirían indicios de uso irregular de los equipos, inconsistencias en los reportes y eventuales acuerdos entre algunos agentes y ciudadanos para alterar los resultados de las pruebas.
Aunque por ahora todo está bajo reserva, lo cierto es que la decisión de excluir a estos funcionarios del manejo de alcohosensores marca un precedente dentro de la administración municipal y prende las alarmas sobre un posible patrón de corrupción.
Este hecho se suma a un creciente malestar ciudadano por los controles de tránsito en Ibagué, que en repetidas ocasiones han sido señalados de selectividad, arbitrariedad y falta de garantías para los conductores. La posible manipulación de pruebas de embriaguez no solo pone en jaque la legitimidad del cuerpo de agentes, sino que además abre una grieta profunda en la credibilidad de la Secretaría de Movilidad.
El despacho disciplinario también exhortó a la administración municipal a establecer un sistema de rotación real entre los 60 agentes certificados para esta tarea, de forma que se evite la concentración de poder en manos de un pequeño grupo de funcionarios que durante meses han tenido el control exclusivo del procedimiento, sin mayor supervisión.
La administración de Johana Aranda tiene ahora la responsabilidad de responder ante estos señalamientos con acciones concretas, contundentes y transparentes. No hacerlo, sería convertirse en cómplice del encubrimiento de prácticas que atentan contra el orden institucional, la confianza pública y la seguridad vial de los ibaguereños
