Aranda sigue encubriendo el fracaso millonario del puente de la 60 al no liquidar el polémico contrato

Estalló tremendo escándalo en contra de la administración de Johana Aranda. Durante el debate de control político realizado ayer, jueves 17 de octubre de 2024, los concejales citantes, denunciaron que el gobierno de la mandataria ‘Hurtadista’, no liquidado el polémico contrato del puente elevado de la calle 60, un proyecto que inició su ‘mentor político’, Andrés Fabián Hurtado, por un valor de 40 mil millones de pesos, financiado mediante un empréstito, pero que resultó ser un total fiasco.

Aranda, en vez de enfrentar la situación, parece haber optado por proteger al exalcalde evitando confrontaciones directas. Aunque no tuvo reparo en anunciar con ‘bombos y platillos’ meses atrás la sanción impuesta al contratista Olaguer Agudelo, una maniobra que, a todas luces, buscó en su momento desviar la atención de la gestión nefasta del siniestrado proyecto.

Jorge Bolívar, uno de los cabildantes citantes, fue contundente en su intervención: «A día de hoy, el contrato sigue en proceso de liquidación, sin que se haya recuperado el anticipo de los 3.900 millones de pesos otorgados al contratista. Lo único que se ha conseguido es una sanción por ese mismo monto, pero el contratista no ha cumplido en absoluto con el proyecto. Además, se han pagado 1.900 millones al interventor, y más de 1.800 millones en intereses por un empréstito que no ha servido para nada».

El daño para el municipio es incalculable. Nueve mil millones de pesos se han esfumado en un contrato que no ha dejado ni una sola piedra en la obra. De esos, 2.900 millones fueron anticipos al contratista sin el respaldo adecuado; 1.900 millones al interventor, que fue pagado a pesar que el avance de la obra es inexistente, y los intereses del empréstito no ejecutado ya ascienden a 1.800 millones. El entrevistado, también aseguró que la administración anterior había contratado estudios por 2.000 millones de pesos, estudios que parecen más una estrategia para pagar favores políticos que una inversión real en infraestructura.

Según Bolivar, el avance de la obra es del 0.0%, una cifra que evidencia la magnitud del desfalco. A pesar que el contratista solicitó suspensiones de la obra para modificar los estudios, la falta de gestión eficiente ha dejado a los habitantes de la calle 60 y sus alrededores sufriendo los estragos de una obra incompleta y costosa.

El concejal criticó duramente la lentitud de la administración actual en liquidar el contrato: «Están en mora de hacerlo antes que el problema se vuelva aún mayor, incluso si eso implica una liquidación unilateral». La intervención de Bolívar dejó en claro que la administración Aranda sigue arrastrando los errores del pasado, mientras los habitantes de Ibagué siguen pagando las consecuencias.

Este caso ha llegado a instancias judiciales. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría han iniciado investigaciones sobre las responsabilidades penales y fiscales de quienes participaron en la suscripción y seguimiento de este contrato fallido. Sin embargo, hasta ahora, las investigaciones avanzan a paso lento, mientras el municipio sigue perdiendo recursos.