Auditoría de la Contraloría destapa millonarios hallazgos en el IMDRI
Todo esto ocurrió durante la gerencia de Sebastián Perdomo.
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) vuelve a estar en el ojo del huracán. La Contraloría Municipal, tras culminar su auditoría financiera, de gestión y resultados correspondiente a la vigencia 2024, determinó que no es procedente el fenecimiento de la cuenta fiscal del instituto. La decisión se sustenta en deficiencias evidentes en la eficiencia, la economía y el manejo de los recursos públicos destinados al deporte de la ciudad.
El informe arrojó 42 hallazgos administrativos de los cuales 18 tienen presunta incidencia fiscal por más de $1.178 millones. A ello se suman 34 hallazgos disciplinarios y 18 con posible alcance penal, un panorama que deja al descubierto un manejo cuestionable de los fondos y contratos del Imdri.
Las observaciones más críticas señalan fallas en el control interno contable, omisiones en la evaluación de los sistemas de control, y deficiencias en la supervisión contractual, especialmente en temas como las deducciones de estampillas y la verificación de requisitos legales. Según el documento, el instituto descentralizado no solo administró mal los recursos, sino que también vigiló mal su propio desempeño.
Dentro de los aspectos que más llaman la atención es que el control fiscal interno de la entidad fue calificado “con deficiencias”, con una valoración de apenas 1.7 sobre el rango máximo. Aunque el plan de mejoramiento de 2023 mostró un cumplimiento del 90 %, los avances no fueron suficientes para sostener una gestión fiscal sólida.
Los indicadores de eficiencia y economía hablan por sí solos: eficacia del 83,5 %, eficiencia del 68,8 % y economía del 60,4 %. Ninguna de estas cifras alcanza el umbral requerido para fenecer la cuenta fiscal, dejando en evidencia que la gestión del Imdri no logró garantizar el uso adecuado ni responsable del dinero público.
Ante el resultado, el organismo de control, ordenó al Imdri presentar un nuevo plan de mejoramiento en un plazo máximo de seis meses, el cual deberá estar suscrito y ejecutado por el actual gerente, Felipe Roberto La Rota García. La entidad fiscalizadora advirtió, además, que la revisión posterior no implica validación ni aprobación automática.
El informe vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia y el control del gasto público en la administración local.
