
Auditoría General expuso presunto favorecimiento en auditorías de la Contraloría de Ibagué
El documento también reveló una diferencia sustancial en el tratamiento de los resultados.
Conlaverdad.com logró conocer, que la Auditoría General de la República, a través de su Gerencia Seccional VI con sede en Neiva, emitió un pronunciamiento en el que advirtió debilidades técnicas y posibles inconsistencias en las auditorías realizadas por la Contraloría de Ibagué al Concejo y la Personería Municipal, correspondientes a la vigencia 2024.
El documento, con fecha del 23 de octubre de 2025 y radicado bajo el número SIAATC 012025000866, responde a una petición formulada por el veedor ciudadano Eduardo Naranjo Niño, quien había solicitado revisar presuntas irregularidades en la actuación de los funcionarios del ente fiscalizador.
De acuerdo con la Auditoría General, los hallazgos determinados por la Contraloría Municipal presentan fallas en su estructuración: los criterios aplicados “no corresponden a la norma vulnerada” y, en algunos casos, el daño patrimonial no fue determinado con precisión, contrariando lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial GAT 4.0, que regula la aplicación de las Normas Internacionales ISSAI.
El documento también reveló una diferencia sustancial en el tratamiento de los resultados: mientras los hallazgos del Concejo de Ibagué fueron clasificados únicamente como administrativos, los de la Personería Municipal, en hechos similares, fueron catalogados como fiscales, disciplinarios y penales, lo que evidencia un manejo desigual en la calificación de las auditorías.
Aunque la Auditoría General aclaró que no tiene competencia para adelantar investigaciones disciplinarias o penales, informó que la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ya fueron notificadas de los hechos. Además, anunció que recomendará al despacho de la Auditora General de la República solicitar una intervención funcional excepcional ante la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en el Decreto 403 de 2020, con el fin de revisar los ejercicios de control fiscal realizados en el municipio.
En un comunicado anexo, el veedor ciudadano Eduardo Naranjo Niño hizo un llamado público a los órganos nacionales de control y justicia para que actúen frente a lo que calificó como presunto favorecimiento dentro de la Contraloría Municipal de Ibagué, solicitando investigaciones penales, fiscales y disciplinarias a las entidades competentes.
Él mencionó a los siguientes funcionarios: Edna Margarita Murcia Mejía, contralora municipal; Boris Andrés Hurtado, director técnico de Control Fiscal; Néstor Joaquín Forero Triana, líder de auditoría; y las auditoras Tatiana Estupiñán y Mishel Leonela Girón, quienes, según el documento, habrían participado en las auditorías cuestionadas.
Naranjo Niño advirtió que estos hechos afectan la credibilidad del órgano de control fiscal local y vulneran el principio constitucional de moralidad administrativa contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política.
Por su parte, la Auditoría General de la República cerró el trámite administrativo del requerimiento, pero dejó constancia de la necesidad de reforzar la imparcialidad, transparencia y rigor técnico del control fiscal en Ibagué, una gestión que ahora quedará bajo la observación de los entes nacionales competentes.



