CGR reveló graves fallas en la “Obra del Siglo” de Aranda: hallazgos por más de $8.200 millones

Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República, puso en entredicho el funcionamiento, la ejecución y los recursos invertidos en el Acueducto Complementario de Ibagué. La ‘Obra Del Siglo’, cómo fue presentada por la administración de Johana Aranda en octubre de 2024, fue objeto de una revisión detallada por parte del organismo de control, que derivó en 16 hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos.

El informe, de 290 páginas, documenta fallas constructivas, deficiencias en el tratamiento del agua, presuntos sobrecostos, pagos por trabajos no ejecutados, tercerización no autorizada y desviaciones en el uso de los recursos. El ente fiscalizador, estima que estas irregularidades generaron un detrimento patrimonial de $8.271 millones.

Uno de los puntos más críticos del informe se relaciona con la planta de tratamiento de Boquerón, donde los sistemas diseñados para la neutralización de cloro y el ingreso de agua cruda presentan fallas que los hacen inoperantes o los limitan a funcionar por debajo de su capacidad. Se evidenciaron deficiencias en la instalación de bombas y válvulas, ausencia de conexiones esenciales y una mala implementación del sistema de ingreso del agua.

Según la Contraloría, estos problemas comprometen la seguridad operacional de la planta y ponen en riesgo la calidad del agua suministrada a las comunas 12 y 13.

Además, se advirtió que a los reactores y tanques de la planta ingresa un volumen de agua superior al que puede ser tratado, lo que podría reducir la vida útil de los equipos y aumentar los costos de mantenimiento. El uso continuo bajo estas condiciones genera un desgaste acelerado de motores, bombas y válvulas, además de un mayor consumo energético.

El documento también señala que algunos componentes del sistema ya presentan deterioro anticipado, y se detectaron pagos por obras que no se ejecutaron o que fueron construidas con materiales y métodos distintos a los estipulados. Uno de los ejemplos citados es el pago por 18.539 metros cuadrados de entibados en las obras del acueducto, aunque la cantidad instalada habría sido significativamente menor. Esta situación generó un detrimento individual de $864 millones.

La Contraloría concluye que la gestión fiscal durante la ejecución de estos contratos fue antieconómica e ineficiente. La falta de control por parte del supervisor del IBAL y la interventoría se tradujo en la aprobación y pago de obras no verificadas, lo que derivó en pérdidas para el erario.

El organismo de control anunció que solicitará la apertura de una indagación preliminar para establecer responsabilidades en torno a los contratos celebrados entre 2022 y 2024 por un valor total de $44.065 millones.