Club Rotario Ibagué, el ‘comodín’ de la administración Aranda para despojar a una escuela de su predio

Estalló tremendo escándalo que involucra a la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda y la gerente de la Gestora Urbana Gabriel Hernán Peñaloza Gallo. El epicentro de esta controversia, es la permanencia de la escuela Alfonso López, lo cual funciona en las instalaciones del albergue infantil Centro Piloto de Ibagué. Las presuntas anomalías prendieron las alarmas entre padres de familia quienes denunciaron en exclusiva a Conlaverdad.com los hechos.

Esta institución, ubicada en la calle 36 con avenida Ambalá, enfrentan un posible desalojo impulsado por decisiones administrativas que, según quejosos quienes pidieron reserva de sus identidades son represarías, priorizan intereses privados sobre el derecho a la educación y el bienestar infantil.

El predio donde operan la escuela y el albergue infantil perteneció originalmente a la Gobernación del Tolima. En 1962, el espacio fue entregado en comodato al Municipio para su administración. A lo largo de los años, el predio acogió a niños en condiciones de vulnerabilidad y se convirtió en sede de la escuela Alfonso López, que posteriormente fue absorbida por la Alcaldia, la cual desde hace poco viene siendo administrada por el colegio Normal Superior.

Escrituras del terreno.

Sin embargo, las decisiones en torno a la renovación del  comodato han generado controversia. El gerente de la Gestora Urbana, Gabriel Hernán Peñaloza Gallo, renovó una vez más el comodato por cinco años, en favor del Club Rotario Ibagué, una organización privada donde está vinculada la élite de la ciudad. Esto deja a la escuela Alfonso López en un limbo jurídico y operativo.

Padres de familia denunciaron que esta decisión responde a intereses privados y pone en jaque el futuro de 250 niños que estudian allí, la mayoría de ellos provenientes de estratos socioeconómicos bajos. Según los testimonios, la administración del Club Rotario ha restringido progresivamente el acceso a los recursos e instalaciones, dificultando incluso tareas tan básicas como el uso del agua o la realización de reparaciones en la infraestructura.

“Nos dimos cuenta que habían desviado el agua hacia un tanque subterráneo del albergue, mientras la escuela se quedó sin suministro. Fue el rector Fabián Yanguma, quien tuvo que intervenir para solucionar el problema. Esto refleja el abandono y la falta de compromiso de quienes administran el espacio”, comentó un padre de familia.

En reuniones previas con la comunidad, Gabriel Peñaloza mencionó un supuesto proyecto de gran envergadura para el predio, pero nunca se especificaron los detalles. Mientras tanto, los padres sospechan que detrás de estas decisiones podría haber planes urbanísticos que beneficien intereses personales. Peñaloza, conocido por su experiencia en el sector constructor, es señalado por los afectados al apetecer de utilizar su posición para favorecer proyectos privados.

“La renovación del comodato fue manejada de manera sigilosa y calladita. Nos enteramos tarde, cuando ya habían firmado el documento. Ahora nos dicen que tenemos que desocupar la escuela, pero no nos explican de qué se trata ni nos ofrecen alternativas”, señaló otro representante de los padres de familia.

La comunidad también apunta a al gobierno actual quien habría respaldado al gerente de la Gestora Urbana. Según las denuncias, tanto Aranda como Peñaloza habrían sido nombrados miembros honorarios del Club, un gesto que los padres califican como una “jugada” para asegurar el control del predio.

“Nos sentimos traicionados. Votamos por esta administración esperando apoyo, pero ahora nos dejan a la deriva. A los niños de esta escuela, que son de familias humildes, nos están desplazando para beneficiar a un particular”, afirmó otro padre afectado.

El cierre de la escuela Alfonso López, afectaría directamente a más de 200 familias. “No tenemos recursos para trasladar a nuestros hijos a otra institución. Esta escuela es esencial para nuestra comunidad. Está cerca de nuestros hogares y es accesible económicamente. Desplazarnos implica gastos que no podemos asumir”, señaló otra madre.

La comunidad teme que el desalojo sea solo el primer paso para desmantelar el espacio y convertirlo en un desarrollo inmobiliario, aprovechando su ubicación estratégica en la ciudad. Además, la falta de un documento garantice la permanencia de la escuela por parte de la Secretaría de Educación, encargada del manejo de las instituciones ha dejado a los padres en una constante zozobra.

Ante la incertidumbre, los afectados han decidido movilizarse. Tienen previsto realizar plantones y bloqueos en la avenida Ambalá como medidas de presión para obtener respuestas claras. “No nos vamos a quedar callados. Exigimos un documento firmado por la Alcaldía que nos garantice la permanencia de la escuela. No permitiremos que un interés privado prevalezca sobre el derecho a la educación de nuestros hijos”, enfatizaron.

Queja de los padres de familia.