Cómo acabar la corrupción si son los corruptos los encargados de combatirla

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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El país está muy mal cuando un excomandante general del Ejército se conmovió, no por la muerte de niños, jóvenes o colombianos inocentes, sino por la de uno de los sicarios más crueles de la historia de la nación, como lo fue John Jairo Velázquez, “Popeye”, y… todos guardaron silencio.

El país está demasiado grave cuando la Fiscalía General de la Nación renunció a ser el ente acusador para convertirse en la entidad defensora de los acusados y bandidos y, pese a que se espera un cambio, todo sigue como si nada. Mientras hace cuatro años el jefe de la entidad, el inefable fiscal Barbosa, se la pasaba de turista con su familia en Europa y Suramérica, en avión oficial, con gasolina pagada por los colombianos, le colocaba escoltas a sus perros y utilizaba personal de la misma Fiscalía para los quehaceres domésticos de su casa, ante el silencio de tirios y troyanos, porque él es el más inteligente, el más preparado y no tenía jefe, ahora vuelve a la batalla con el nuevo gobierno.

El país está en peligro cuando la majestad de la justicia está en manos de magistrados intocables, deshonestos, impúdicos, llenos de privilegios y jugosos salarios, apoltronados en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, que un día sí y al otro no, cuando de fallar se trata a favor o en contra de sus colegas y amigos, y los fallos de las demandas de los ciudadanos del común, que les llegan a sus despachos, se demoran una eternidad (15 y hasta 20 años), cuando no existen ofertas en efectivo o influencias que permitan su agilización.

El país está en riesgo cuando un multimillonario como Germán Vargas Lleras, antes de fallecer, anunciaba y organizaba una masacre laboral, convocando a empresarios a despedir a miles de trabajadores si se aprobaba una reforma laboral, necesaria e indispensable, por la forma injusta como son retribuidos los ciudadanos explotados en forma cruel por los poseedores de la riqueza, ante la nula acción de un sistema de justicia que protege no a la clase obrera sino a los empleadores, permitiendo incluso que existan, como esclavos, hombres y mujeres que laboran turnos de 24 horas continuas y luego los liquidan con salarios pagados como día a día.

El país está en estado de alarma cuando legisladores, gobernadores y alcaldes se hacen elegir y se unen para obtener cuantiosas fortunas, como se ha denunciado en el Tolima y su capital, Ibagué, en donde en forma contundente se demuestra que los mandatarios asumieron sus cargos con el registro de pequeños ahorros y ahora son descubiertas sus lujosas mansiones y abultadas cuentas bancarias, como lo manifestó en forma concreta el exconcejal Rubén Darío Correa, señalando al gobernador Ricardo Orozco y al alcalde Andrés Hurtado, ahora descaradamente aspirantes a gobernar el Tolima, lo cual ha sido notoriamente copiado al pie de la letra en la mayoría de los municipios, sin que por ello se adelante investigación alguna.

Colombia está en dificultades cuando la mayoría de los colombianos considera que la corrupción es el mayor problema del país, la mitad de los electores ha vivido de forma directa o indirecta ofertas de compra de votos, sobornos y robo de curules, y solo un mínimo porcentaje tiene una opinión favorable de los partidos. Nadie está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y el desempleo, cuadro macabro al que son indiferentes procuradores, contralores, personeros, los operadores de justicia y, sobre todo, los ciudadanos que, a pesar de las denuncias, siguen votando por los mismos cada vez que hay elecciones.