Corrupción judicial

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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Con Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, salieron a la luz informaciones del periodista Daniel Coronell, que vinculan a Camargo en relaciones con personas implicadas en corrupción, sus favores a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el beneficio a políticos para no ser investigados. Una grabación de 2017 realizada por la DEA menciona a Camargo, involucrado en lo que se conoce como el Cartel de la Toga, red de corrupción judicial que operaba, con sobornos pagados a cambio de sentencias y que fue una de las mayores mafias que infiltró la justicia en cabeza de Luis Gustavo Moreno, entonces zar anticorrupción de la Fiscalía.

En lo grabado por la DEA, se prueban pagos ilegales para torcer la justicia y se menciona en forma específica a Carlos Camargo, quien, buscó la ayuda de Rodrigo Noguera, entonces rector de la Sergio Arboleda, para «no ser jodido» al ser mencionado en el escándalo.

El progreso de Camargo fue facilitado por su cercanía con actores politicos, como la exprocuradora Margarita Cabello y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marjorie Zúñiga Romero, quienes respaldaron su candidatura. El hoy magistrado de la Corte Constitucional se destaca, por su actuación durante la investigación del caso Odebrecht, absolviendo a Óscar Iván Zuluaga, que aceptó que sí hubo aportes de Odebrecht a su campaña y por eso está siendo procesado.

En su paso por la Defensoría del Pueblo, otorgó puestos clave a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el nombramiento de la hija del magistrado Jorge Hernán Diaz, el nombramiento de la esposa del magistrado Octavio Augusto Tejero y el puesto que le dio al hermano del togado Fernando León Bolaños y la gran prensa guardó silencio.

«¿Por qué la Corte Suprema propuso a uno de los descendientes de esa gobernanza para quedarse en la Corte Constitucional ocho años?»: El presidente Gustavo Petro recordó la conexión entre el Cartel de la Toga y el uribismo y reveló cómo estas prácticas judiciales corruptas fueron usadas para frenar investigaciones, criticando la elección de Camargo, ya que sugiere que refleja la continuidad de las prácticas de clientelismo judicial que favorecen la impunidad y la destrucción del Estado social de derecho y reprochó el clientelismo judicial y la influencia de los partidos políticos en el elección de magistrados, en un sistema judicial donde las decisiones dependen más de favores que del mérito real, subrayando las implicaciones del soborno en la justicia, ya sea en forma de dinero o de cargos dados a familiares de magistrados, retando la moralidad.

La desconfianza crece y lo más grave es que recae sobre magistrados y funcionarios discutidos por mal manejo de pruebas, financiación ilícita y otros delitos, lo que genera suspicacia en la administración de justicia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe supervisar estas conductas, mientras la Corte Suprema juzgar a los altos funcionarios. Es decir la tarea es de yo con yo.

El tejido de Corrupción Judicial se fermenta en casos y controversias de Magistrados como Jorge Enrique Ibáñez y el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué por un expediente que vincula al magistrado con el caso de un hijo negado. Así lo reveló Casa Macondo, que a través de una investigación mostró cómo en el juzgado de Ibagué desapareció el expediente que comprometía al entonces presidente de la Corte. En el 2021 el hijo negado por el magistrado Ibáñez solicitó copia del expediente al juzgado, que nunca apareció.

El expediente contenía, el fallo, con el cual el juez José Fernando Osorio obligó al magistrado Ibáñez a otorgar paternidad a su hijo. La investigación también mostró que, después de percatarse de la desaparición del expediente, la jueza Paula Andrea Zuluaga Giraldo ordenó la reconstrucción del mismo. sin hacer mención, al magistrado. “La madre del querellante siempre fue manipulada por el demandado para que no lo demandara, dada su condición de hombre público conocido y para evitar que su hogar se destruyera por encontrarse casado”, concluyó el juez José Fernando Osorio Cifuentes en la sentencia de mayo de 2004. Tras negarse a comparecer a audiencias. En abril de 2003, se le practicó una prueba de ADN que arrojó una certeza del 99,99 %.

Jorge Enrique Ibáñez, presidiendo la Corte, convirtió un tecnicismo en un arma de poder para hundir la reforma pensional, negar derechos a poblaciones como la tercera edad; bloqueo la legalización del aborto, frenó el decreto de la ley de financiamiento y se alineó con la extrema derecha. Revista RAYA informó como la Corte Constitucional tiene en sus manos el futuro de la reforma pensional aprobada por el Congreso hace más de un año. Ibáñez, presentó una ponencia que propone hundir la Ley 2381 de 2024 argumentando que el trámite en la Cámara se realizó con irregularidades que vulneraron el principio de deliberación. Tecnicismo del que se pegó para proponer sepultar una reforma clave para la vida de millones de colombianos, que en la realidad tiene como enemigos a los fondos de pensiones y a los sectores más conservadores.

La ley fue aprobada por el Congreso en junio de 2024 y sancionada, un mes después, el 16 de julio, pero Ibañez se atravesó y suspendió su aplicación  a pesar de que la Cámara envió documentos que sustentaban la corrección. Ibañez insistió en que no se había corregido y presentó ponencia a la plenaria para que se hunda la Ley.

Con esa interpretación, la Corte en pleno tiene la última palabra y no la tiene fácil, si la aprueba tiene encima a los empresarios y a la derecha que es oposición, y si la hunde tiene encima a millones de adultos mayores y madres comunitarias que esperan los beneficios de la reforma, propuesta que busca reorganizar el sistema que incluye un ingreso básico para adultos mayores sin pensión, reducciones en el número de semanas exigidas a las mujeres con hijos y la incorporación de trabajadores informales al sistema. El trasfondo económico es evidente. El sistema pensional mueve cerca de 130 billones de pesos al año y las administradoras privadas manejan más del 60 % de esos recursos.

Ibáñez, integró un grupo de estudio llamado “Los Magistrados”, junto a Jaime Granados -abogado de Álvaro Uribe-  se le identifica con la corriente jurídica conservadora. Su carrera está marcada por vínculos con lo más tradicional de la élite jurídica que ocupa siempre los altos tribunales para oponerse a cualquier intento de reforma. Señalado como un magistrado antiderechos, conformó un bloque junto a las magistradas Cristina Pardo y Paola Meneses para oponerse y votar en contra de la despenalización del aborto. Su papel en los debates al interior de la Corte Constitucional, sobre las reformas que el Gobierno ha logrado pasar en el Congreso, generan controversias en 2023 cuando Ibáñez era el responsable de estudiar si la ley de Paz Total tenía sustento legal fue recusado por sus compañeros ya que, el documento fue filtrado a la prensa a través del despacho del magistrado, lo que puso en riesgo al equilibrio entre las ramas del poder, dado que los jueces sintieron presiones públicas que afectan la legalidad de sus fallos.

Cristina Lombana, es otro personaje que obliga a plantear dudas sobre la legalidad en la obtención de pruebas fundamentales y financiación de campañas con fuentes prohibidas. Además de la impunidad y corrupción que según informes de la Secretaría de Transparencia revelan la existencia de un «mapa de la impunidad» en departamentos como el Tolima, donde la corrupción asociada a funcionarios judiciales no ha generado capturas. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la entidad encargada de investigar a empleados y funcionarios de la Rama Judicial, incluidos magistrados y particulares que ejercen funciones jurisdiccionales. Mientras  el Juzgamiento de Altos Funcionarios: La Corte Suprema de Justicia tiene la función de investigar y juzgar a los magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Consejo de Estado, etc.).

El salario de un magistrado en Colombia varía significativamente según la corte, pero los de altas cortes (Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional) ganan  61.9 millones de pesos mensuales (cifras de 2023-2024) y su labor ahora es cogobernar e impedir cualquier reorma del gobierno Petro a favor de los mas pobres.