Cuando el derecho internacional muere, Colombia queda expuesta

Por Luis Antonio Castro. Abogado especialista. Analista político.

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La madrugada del 3 de enero de 2026 no solo encendió las alarmas en Caracas: volvió a poner en duda la vigencia real del derecho internacional. Las declaraciones oficiales sobre acciones militares unilaterales y la eventual captura de un jefe de Estado, aún en proceso de verificación plena, reabren una pregunta incómoda para Colombia y la región: ¿qué tan protegidos están los países medianos cuando la fuerza comienza a reemplazar a las reglas?

Desde una perspectiva jurídica, el asunto es delicado y profundamente preocupante. El orden internacional posterior a 1945 se construyó sobre un principio elemental: la prohibición del uso de la fuerza como instrumento ordinario de la política exterior. La Carta de las Naciones Unidas solo admite excepciones estrictas —autodefensa o autorización del Consejo de Seguridad— precisamente para evitar que el mundo regrese a la lógica de la ley del más fuerte.

Por ello, más allá de simpatías o antipatías ideológicas hacia el gobierno venezolano, la eventual intervención militar y la captura de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras, de confirmarse plenamente, constituirían un precedente jurídicamente grave. Normalizar ese tipo de acciones erosiona la arquitectura legal que protege, sobre todo, a los Estados medianos y pequeños, como Colombia. Cuando el derecho se debilita para unos, tarde o temprano se debilita para todos.

Desde una óptica liberal y progresista, el problema no es solo de soberanía, sino de derechos humanos y control democrático del poder militar. Las intervenciones armadas unilaterales rara vez traen estabilidad, y casi siempre producen daños colaterales: desplazamientos forzados, crisis humanitarias y debilitamiento institucional. América Latina conoce bien ese libreto y ha pagado un precio alto cada vez que fue escenario de disputas ajenas.

Para Colombia, el debate no puede reducirse a un alineamiento automático con Washington ni a una defensa acrítica de Caracas. El interés nacional colombiano está en preservar un orden internacional basado en reglas, porque es ese orden el que limita abusos, protege fronteras y permite resolver controversias sin recurrir a la fuerza. Renunciar a ese principio sería, paradójicamente, actuar contra nuestra propia seguridad jurídica y política.

En términos prácticos, una Venezuela más inestable producto de sanciones, aislamiento o confrontación militar, significa para Colombia mayor presión migratoria, más economías ilegales en la frontera y mayores riesgos de seguridad. El progresismo responsable no ignora estos efectos reales: entiende que la paz regional es también una política social, económica y de derechos humanos.

Por ello, Colombia debe insistir en una diplomacia activa, multilateral y coherente, que defienda el derecho internacional, exija verificación independiente de los hechos y promueva salidas políticas negociadas. No se trata de equidistancia moral, sino de coherencia jurídica. El uso de la fuerza sin controles no fortalece la democracia; la debilita.

En tiempos de crisis, la tentación del poder militar suele presentarse como eficacia. Pero la historia demuestra que cuando el derecho se subordina a la fuerza, los costos recaen siempre sobre los pueblos y nunca sobre quienes toman las decisiones desde lejos. Colombia, como Estado constitucional y social de derecho, debe alzar la voz no desde la ideología, sino desde la legalidad y la razón democrática.

Defender el derecho internacional hoy no es un gesto retórico: es una apuesta por la paz, la autonomía y la dignidad política de la región.