Del 5 % al 19 %: el IVA del gobierno que exprime al ciudadano

Por: José Baruth Tafur G. Abogado Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña.
Maestrante Comunicación Política.

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Colombia inició el 2026 con una noticia que debería sacudir a cualquier ciudadano que lucha día a día por llegar a fin de mes, pero que, al parecer, no les importa a los candidatos a la Cámara del partido Pacto Histórico ni al Partido Verde. Ahora pasamos del 5 % al 19 % en la imposición de impuestos. Sí, señores: el Gobierno decretó un aumento del IVA del 19 % para las bebidas alcohólicas y los juegos de suerte y azar, medidas incluidas en el paquete fiscal derivado de la denominada “emergencia económica”.

Este ajuste significa que productos que forman parte del consumo habitual de millones de colombianos bebidas que no son solo un lujo, sino parte de la vida social cotidiana ahora pagarán casi cuatro veces más impuesto indirecto que antes, cuando estaban gravadas con una tarifa reducida.

No es un secreto que el IVA es un impuesto regresivo: golpea más a quien menos tiene, porque se aplica por igual a todo consumidor, sin importar su nivel de ingreso. El aumento del 19 % sobre estos productos, en medio de un contexto económico ya tensionado por el alza generalizada de precios, representa un golpe adicional al bolsillo de las familias, que ya sienten la inflación en bienes y servicios, el mayor costo del alquiler, el transporte y la educación.

Lo que el Gobierno intenta justificar como una medida de recaudo para fortalecer programas y financiar el presupuesto de 2026, en la práctica se traduce en más presión sobre los ingresos de la población, sin garantías claras de que ese recaudo vaya a aliviar la vida de quienes están en la línea de la pobreza o luchan por alcanzar la formalidad en su empleo.

Y no termina ahí. A este aumento del IVA se le suman, en muchos casos, otros impuestos al consumo como el impuesto al consumo para licores, que puede alcanzar el 30 % según la graduación alcohólica, lo que multiplica el golpe en el precio final de la botella que llega al supermercado o al bar.

El aumento del IVA a estos bienes no solo encarece el ocio, encarece la vida. Es un reflejo de un enfoque fiscal que recae sobre el consumo popular, en lugar de atacar la evasión, los oligopolios o las grandes rentas económicas. En una economía ya tensionada, imponer más cargas sobre el bolsillo del ciudadano de a pie no es un acto técnico de política tributaria, sino una decisión política que ignora la realidad de quienes pagan sus cuentas al día.

Esto se vuelve aún más grave si se considera que la decisión se tomó en el marco de una emergencia económica, en la que varias propuestas legislativas, incluida una reforma tributaria más amplia, fueron rechazadas en el Congreso y luego impulsadas mediante decretos, con argumentos fiscales, pero con impactos sociales evidentes.

Así, mientras la narrativa oficial despliega cifras y justificaciones técnicas, el bolsillo del ciudadano común sigue siendo el agujero donde terminan todas las decisiones económicas del Gobierno.

Colombia merece políticas que fortalezcan la producción, incentiven el empleo formal, sancionen la evasión y promuevan un sistema tributario más justo y equitativo. Más impuestos al consumo, sin mejoras claras en las prestaciones, los salarios reales o la protección social, no son soluciones: son parches que encarecen la vida sin resolver los problemas estructurales del país.