Denuncian a concejal de Ibagué por orquestar persecución contra asociación de vivienda

En exclusiva, ConLaVerdad.com conoció una delicada denuncia en contra del defensor a ultranza de la alcaldesa de Ibagué, el concejal John Gómez, del partido ASI, por presunta persecución sistemática contra la Asociación de Vivienda Popular ‘La Vicentina’, el único proyecto habitacional por autogestión que se desarrolla actualmente en la ciudad y en el que se agrupan más de 450 familias, en la comuna Siete de la cuidad. 

En entrevista concedida en primicia a este medio, Ana Patricia Duarte, representante legal de la asociación, detalló una serie de irregularidades que, según afirmó, han puesto en riesgo la tranquilidad, seguridad, desarrollo, y estabilidad jurídica, social y financiera de la comunidad que representa, la cual está ubicado en el sector de Montecarlo.

La raíz del conflicto: una Junta de Acción Comunal en predio privado

Según Duarte, los problemas comenzaron, cuando la Alcaldía de Ibagué otorgó personería jurídica a la Junta de Acción Comunal, JAC, conformada por 15 copropietarios, sobre el mismo terreno donde opera legalmente la asociación desde hace más de una década.

La dirigente explicó que esta decisión se dio pese a que el predio es de carácter privado, subdividido formalmente, con escrituras registradas, y sin vocación comunal. Bajo esas condiciones, recalcó, no sería jurídicamente procedente el reconocimiento de una JAC, figura que requiere un territorio con uso colectivo según la normatividad vigente.

“Somos una copropiedad privada. La asociación está legalmente constituida desde 2014, con todo en regla. Aun así, la Alcaldía le otorgó personería jurídica a una JAC creada por una minoría, sin consultar ni considerar a la mayoría de propietarios”, sostuvo.

La entrevistada señaló directamente al concejal John Gómez como el principal impulsor político y jurídico de la JAC, a quien responsabilizó de haber facilitado su creación pese a conocer el carácter privado del terreno y la existencia legal de la asociación. “El concejal Gómez ha respaldado abiertamente a esa minoría desde el inicio. Su equipo jurídico participó en el proceso y ha acompañado muchas de las actuaciones posteriores. La mayoría quedamos por fuera, sin poder participar, pero siendo igualmente afectados por sus decisiones”, indicó.

Agregó que muchas de las familias asociadas no pueden integrar la JAC porque no residen de forma permanente en el sector, aunque siguen siendo impactadas por las decisiones que esta toma. “Esa exclusión viola el principio de igualdad y participación. Cumplimos con todas las obligaciones, pero no podemos pertenecer a esa JAC porque no vivimos allí de forma continua. Aun así, sus decisiones nos afectan a todos”, advirtió.

Asesor del concejal tenía contrato con la Alcaldía

Uno de los puntos más delicados de la denuncia se relacionó con la presunta participación de un abogado del equipo asesor del concejal Gómez, quien, según Duarte, estuvo vinculado formalmente en la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, mientras acompañaba procesos jurídicos en contra la asociación.

La vocera explicó que tanto el concejal como sus asesores conocían a fondo la naturaleza legal del proyecto, el carácter privado del predio y el alcance del modelo comunitario. “Tuvimos la oportunidad de hablar directamente con él y su equipo. Les explicamos la historia del proyecto, su legalidad, las escrituras, todo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y a quiénes estaba afectando”, enfatizó.

Sobre el asesor, agregó: “Ese abogado hacía parte del equipo del concejal y trabajaba con la Alcaldía. O sea, con nuestros impuestos estaban financiando a quienes nos estaban atacando”.

Duarte hizo un llamado al partido ASI para que revise la actuación del concejal Gómez y su equipo, considerando que los recursos públicos deben orientarse a defender el interés general, no a intervenir en conflictos internos.

Acciones legales y desgaste financiero

La representante afirmó que el concejal ha respaldado legal y políticamente al grupo minoritario, impulsando una serie de acciones jurídicas que han debilitado al proyecto habitacional. Indicó que al menos 16 tutelas han sido interpuestas contra la asociación, todas falladas en contra o inadmitidas.

Además, mencionó múltiples quejas y denuncias ante entidades como la Gobernación del Tolima, Cortolima, las Secretaría de Salud, Desarrollo Rural y la Personería Municipal, lo que afirmó hace parte de una estrategia de desgaste institucional. “Los pocos recursos que recogemos, 30 mil pesos por familia, se están yendo en abogados y representación legal. En lugar de invertir en obras comunitarias, estamos dedicados a resistir una arremetida jurídica constante que viene promovida desde el mismo poder público”, afirmó.

Oposición a obra y riesgo de confrontación social

La comunidad gestionó con recursos propios el diseño, permisos e inicio de una obra prioritaria: la construcción de un puente vehicular sobre el río Alvarado, que permitirá conectar el predio con la zona urbana de Ibagué. Sin embargo, según Duarte, algunos integrantes de la JAC, respaldados por el concejal Gómez, han manifestado su oposición de forma amenazante.

La mujer sostuvo que en una reunión reciente, un miembro de la JAC advirtió que “ese puente solo se construye sobre su cadáver”, lo cual está documentado y ya fue denunciado ante la Fiscalía y la Policía. “Lo dijo frente a la comunidad, y eso quedó consignado. Ya hay denuncias formales. No queremos que esto termine en una tragedia. Estamos hablando de una obra para el beneficio de todos, pero nos están llevando al límite”, señaló.

Advirtió que el ambiente social dentro del predio se ha deteriorado: vecinos enfrentados, familias desplazándose y una tensión creciente que podría desencadenar una emergencia.

Un conflicto al borde del colapso

En el tramo final de la entrevista, Ana Patricia Duarte afirmó que si algo grave ocurre, el responsable político y jurídico será el concejal John Gómez. “Dios no quiera que ocurra una tragedia. Si esto llega a pasar, hago responsable en parte de todo este problema, o en su mayoría, al concejal John Gómez, porque ha sido partícipe y coadyuvante en toda esta problemática social”, sentenció.

Pidió además a los entes de control investigar el proceso mediante el cual la Alcaldía otorgó personería jurídica a la JAC en un predio privado donde ya operaba una figura legalmente constituida, y esclarecer si hubo uso indebido de recursos públicos en medio de este conflicto.

“Hay familias que ya vendieron sus lotes por debajo de su valor real para escapar del conflicto. Estamos hablando de un proyecto levantado con esfuerzo propio, sin un solo peso del Estado. Lo mínimo que pedimos es que nos dejen trabajar en paz”, concluyó la representante de La Vicentina en entrevista exclusiva con ConLaVerdad.com.