Documento destapó presunta participación de asesores de la Alcaldía de Ibagué en directivas sindicales
Para el quejoso, esta doble condición podría haber configurado un eventual conflicto de intereses, al encontrarse negociando con la misma entidad de la que formaban parte.
A la redacción de Conlaverdad.com llegó un documento, en el que se denunció una presunta maniobra sindical al interior de la Alcaldía de Ibagué que, según el denunciante, compromete a altos asesores de libre nombramiento y remoción y podría haber involucrado responsabilidades disciplinarias por omisión, incluso a la alcaldesa Johana Aranda.
De acuerdo con la denuncia, radicada ante el Ministerio del Trabajo y puesta en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Ibagué, los asesores Luis Germán Castaño Betancourt, Sandra Lucía Salas Arroyave y Martha Cecilia Duarte Gutiérrez figuran como miembros de juntas directivas de los sindicatos de los empleados públicos del Municipio ASOEMPUBLI, SINTRAMUSICAL y UNFUIBAGUÉ, pese a ocupar cargos de asesores dentro de la administración local.
El documento sostuvo que, de confirmarse estos hechos, dicha situación resulta incompatible con la legislación laboral vigente, en la medida en que los asesores de libre nombramiento y remoción, por ejercer funciones de dirección, confianza o manejo, no podían integrar ni dirigir organizaciones sindicales, restricción prevista para evitar interferencias indebidas entre la administración y los sindicatos.
La denuncia además advirtió que estos mismos asesores, al parecer, habrían participado en mesas de negociación colectiva, representando a los sindicatos frente a la Administración Municipal mientras simultáneamente hacían parte del equipo directivo de la Alcaldía, es decir, negociaban presuntamente tanto para la administración como para los trabajadores. Para el quejoso, esta doble condición podría haber configurado un eventual conflicto de intereses, al encontrarse negociando con la misma entidad de la que formaban parte.
Según se expuso en el escrito, de estas mesas de negociación surgieron compromisos que implicaron recursos públicos, como bonificaciones, beneficios económicos y acuerdos de bienestar laboral, por lo que la participación de asesores con capacidad de influencia administrativa podría haber comprometido la transparencia de la gestión pública y abierto la puerta a cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Uno de los puntos más delicados del documento fue la afirmación, que presuntamente algunos de estos sindicatos habrían sido creados de manera exprés, con el objetivo de evitar la desvinculación de asesores de libre nombramiento y remoción, lo que según el denunciante, podría haber constituido una simulación o un fraude a la ley, al utilizar la figura sindical como un mecanismo de blindaje frente a la facultad discrecional de retiro que consagra la Ley 909 de 2004.
En los términos planteados por la queja, no se habría tratado del ejercicio legítimo del sindicalismo, sino de un uso instrumental de esta figura para aferrarse a cargos de confianza, desnaturalizando el sentido del derecho de asociación sindical y afectando la autonomía real de las organizaciones de trabajadores.
La gravedad del señalamiento tocó a la mandataria local, Johana Aranda, quien, en su condición de autoridad nominadora, habría tenido según se argumentó en el documento, la obligación funcional de prevenir conflictos de interés y garantizar la lealtad institucional de su equipo de gobierno. El denunciante sostuvo que, de haberse tenido conocimiento previo de esta situación, la ausencia de medidas correctivas podría haber derivado en una eventual responsabilidad disciplinaria por omisión, hipótesis que quedó sujeta a la valoración de los organismos de control.
El documento recordó que los cargos de libre nombramiento y remoción se fundamentan exclusivamente en la confianza, y que cuando un asesor o directivo asumía roles que lo enfrentaban a la propia administración como negociar pliegos sindicales esa confianza se veía comprometida, lo que habría justificado decisiones administrativas orientadas a restablecer el orden institucional.
En ese sentido, el escrito planteó que la administración municipal contaba con dos alternativas legales: exigir la renuncia de los asesores a los cargos directivos sindicales, sin afectar su derecho de afiliación, o, en caso de negativa, proceder a su retiro del cargo de libre nombramiento y remoción, facultad que según se advirtió, no habría estado limitada por un eventual fuero sindical, dado que este no cobija cargos de dirección o confianza.
Hasta el momento de radicación de la denuncia, no se conocía un pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Ibagué. Tampoco se había informado públicamente sobre actuaciones concretas del Ministerio del Trabajo, pese a que los hechos ya habían sido puestos en su conocimiento.
Adjuntamos la queja completa, como evidencia de las presuntas irregularidades denunciadas.
