El contrato que Aranda le ‘tumbó’ a Hurtado

Johana Aranda, alcaldesa y Andrés Fabián Hurtado, exmandatario de Ibagué, han promocionado su relación de amistad y política como inquebrantable. Sin embargo, esto ha resultado ser tan solo un sofisma de distracción en los últimos meses.

Uno de los enfrentamientos más fuertes que han tenido el jefe y la pupila, estuvo relacionado con el contrato del gobierno de Hurtado denominado ‘El ojo de Dios’.

El 13 de abril de 2023, la Alcaldía de Ibagué, a través del entonces secretario de Gobierno, Milton Restrepo, destinó más de $12 mil millones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y mejorar la seguridad en la ciudad. De los $12 mil millones asignados por Milton Restrepo, más de $6 mil millones fueron destinados a la adquisición del software ‘El ojo de Dios’. Este software tenía como objetivo mejorar los kits de cámaras de seguridad en las zonas con mayores índices de inseguridad en la ciudad.

Conlaverdad.com conoció en exclusivo, que el contrato insignia en materia de seguridad del gobierno anterior no fue adjudicado por el exfuncionario, al único oferente que se presentó, ya que no cumplió con los requisitos exigidos.

Fuentes revelaron que, aunque Milton Restrepo, entonces secretario de Gobierno hizo grandes esfuerzos para adquirir el software de una empresa china, no logró completar el proceso a tiempo. Como resultado, se vio obligado a no utilizar los recursos asignados, debido a que los fondos tenían destinación específica.

Cómo es lógico, en un gobierno de continuismo, Andrés Fabián Hurtado, ya en condición de exalcalde, esperó que Johana Aranda, reviviera el proceso para comprar el software de seguridad ‘El ojo de Dios’, por más de $6 mil millones. La premonición no le salió al ingeniero.

Al asumir Edwar Amaya, como nuevo secretario de Gobierno, la orden inmediata de Aranda fue revisar meticulosamente el contrato, y reiniciar el proceso desde cero. Este movimiento dejó claro desde el comienzo de la administración,’Ibagué Para Todos’, que Aranda está decidida a desafiar a su predecesor.

Hasta ahora, este contrato ha sido un tema tabú dentro de la Alcaldía de Ibagué, debido a que la alcaldesa desea evitar más confrontaciones con su jefe político. Tras varias semanas de intentos, este medio logró obtener una entrevista exclusiva con Edwar Amaya secretario de Gobierno, quien detalló la situación del controvertido proceso.

«El proceso se declaró desierto. Realizamos un análisis jurídico con la oficina de Contratación y los abogados de la Secretaría de Gobierno. Encontramos que el único proponente no contaba con la capacidad jurídica ni técnica necesaria para cumplir con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. Por ello, decidimos declarar desierto el proceso», explicó Amaya.

Ante la pregunta de por qué se declaró desierto, Amaya reiteró: «El único proponente no cumplía con las capacidades necesarias. No recuerdo el nombre del proponente, pero lo importante es que no cumplía con las condiciones establecidas».

Sobre las especificaciones del proceso, el funcionario indicó que se trataba de un tema técnico complejo. «El proceso no se había adjudicado, por eso se declaró desierto. Decidimos poner a consideración del comité de orden público, integrado por el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la UNP y la Fuerza Aérea, la redistribución de los casi $6 mil millones, para beneficiar a todas las instituciones de seguridad. De estos fondos, destinamos mil 500 millones para la compra de cámaras con alarmas especiales, que mejorarán el servicio de seguridad en Ibagué».

En respuesta a si esta redistribución era legal, el entrevistado afirmó que los recursos tenían una destinación específica para los miembros del comité de orden público. «Presentamos nuestra decisión jurídica al comité, que estuvo de acuerdo. Redistribuimos los recursos para que todas las instituciones de seguridad se beneficien», concluyó el jefe de la cartera de Gobierno.