El corrupto colombiano no se esconde, saluda con sonrisa ancha y exhibe sus lujos

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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Parece que con lo ocurrido en el juicio a Álvaro Uribe renace la esperanza en la justicia. Asevera Edgardo Ramírez Polanía, Doctor en Derecho, que: “En la mayoría de los países, la corrupción es un delito y en Colombia, se ha convertido en una cultura y como tal, tiene sus rituales, sus actores, sus silencios, sus cómplices y hasta su propia identidad. Que no nació ayer, viene de lejos, desde los días oscuros de la conquista, cuando los primeros ibéricos descendieron sobre nuestras tierras con pesadas armaduras y espolines de cobre, atraídos más por el oro que por la gloria y legaron la pedagogía del saqueo que aún resuena en nuestras instituciones”. 

El jurista va más allá al expresar que: “El corrupto colombiano no se esconde, se muestra y se reviste de falso linaje, exhibe lujos, saluda con sonrisa ancha y mirada presuntuosa. Porque aquí robar no es vergüenza, sino estrategia. No es delito, sino destreza. La cultura de la corrupción se enseñorea en los pasillos donde se ejerce el poder, en cafeterías y oficinas donde se transan los negocios ilícitos. Es un fenómeno social y económico, pero, sobre todo, ético. Un pacto siniestro donde uno de los firmantes viste el ropaje del Estado y el otro, con hábil destreza, le enseña la trampa.

Ese proceder se conoce en los contratos amañados, los llamados cupos indicativos, las nóminas paralelas, la transacción en una multa, el acuerdo de un puntaje en una licitación, un fallo injusto y hasta en los elefantes blancos, que se descomponen bajo el sol de la corrupción, que opera con la precisión de un reloj suizo aceitado por la indiferencia de los organismos de control, más atentos al poder que a la justicia”. 

No siempre fue así. En los inicios de la República, el Libertador Simón Bolívar, asqueado por las coimas de sus propios colaboradores, no vaciló en establecer la pena capital para quienes se apropiaran de los bienes públicos. Fue en Hato Grande, según cuentan, donde demostró su airado disgusto por esa costumbre, que posteriormente le causó persecuciones. Después vinieron otros capítulos de ignominia: la venta vergonzosa del istmo de Panamá. En esa venta de parte de nuestro territorio, se dice que recibieron sobornos el presidente de la República de entonces, José Manuel Marroquín y las autoridades militares destacadas en Panamá. luego llegaron las privatizaciones aceleradas de empresas de servicios públicos y del sector financiero en poder del Estado: la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá en la alcaldía de Jaime Castro; la apertura económica de César Gaviria, que privatizó 30 entidades financieras; Juan Manuel Santos, que vendió Isagén y la Electrificadora de Boyacá y en el gobierno Duque, se vendieron hasta las reservas en oro de la Nación.

En cada caso, se ha borrado el rastro de los funcionarios y de los expedientes escondidos. La corrupción en nuestro país ha llegado a límites insospechados, desde hace varias décadas, colocándonos en los primeros lugares en corrupción. Un exfiscal general compró apartamento en Panamá por 3 millones de euros, a través de una empresa de fachada en Panamá, como denunció la prensa y resultó relacionado en el caso de Odebrecht.

La corrupción desagua los recursos y deforma conciencias, crea un modelo de generaciones que aprenden que el éxito no nace del esfuerzo, sino del atajo. Que la ley es negociable y la ética, una entelequia. Y así, las instituciones quedan sin legitimidad, los servidores públicos sin vocación, y el ciudadano sin fe. Peor aún, las entidades llamadas a custodiar la transparencia, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía- han terminado, convertidas en figuras decorativas. La primera, atrapada en el tiempo de lo ya consumado con el control posterior. La segunda, ausente en las instancias decisivas e imponiendo la costumbre de los fallos personales y no institucionales.

La tercera, más interesada en blindar al gobierno de turno que en aplicar la justicia. Ante este panorama, es aplaudible la actitud de la jueza Sandra Liliana Heredia tolimense para orgullo de quienes aun  creemos en el futuro del país que por encima de las presiones e intereses políticos falló en derecho sembrando la esperanza.

Asegura Ramírez Polania que: “El dinero robado al pueblo, se cifra en billones. No puede garantizar la leche del niño, ni el cuaderno del adolescente, porque los presupuestos los coge una élite que convirtió el erario en botín de guerra. La solución exige una cirugía moral profunda, que se resuelve, con una Constituyente que elimine el sistema bicameral del Congreso, reforme la justicia, el poder presidencial, que imponga la descentralización y fortalezca la educación, para empezar por reeducar a una ciudadanía dormida, que entienda que el Estado no es botín, sino un bien común.

Se necesitan, docentes con sentido de solidaridad social que refunden la cultura política desde la raíz, formando ciudadanos, con ética antes que normas, que conozcan que lo público es sagrado y que la dignidad no se negocia. Se necesita educación que no se limite al saber técnico, sino que cultive el carácter, que enseñe a decir no, resistir el soborno, preferir la honradez y que no se tolere la impunidad. Que la vigilancia no esté capturada por intereses. Que los delitos contra el erario no prescriban jamás. Que quien robe, sea castigado. Y quien denuncie esté protegido. Pero, sobre todo, se necesita voluntad política. Que alguien tenga el coraje de desmontar privilegios y de acabar con la herencia colonial de apellidos y del todo vale.

 El día que se entienda que no se trata solo de investigar al corrupto y no condenarlo, de insultar de manera miserable a un presidente por sus aciertos o errores, de extinguir la cultura de la corrupción, ese día habremos dado el primer paso real hacia una Estado verdadero.