El descontrol de la Alcaldía de Johana Aranda: contratistas sin contrato incurren en el delito de peculado por uso

Contratistas sin vínculo laboral con el municipio de Ibagué están utilizando bienes públicos para realizar actividades por las cuales aun no han sido vinculados oficialmente. Esta irregularidad podría configurar el presunto delito de peculado por uso, según denunciaron funcionarios del Palacio Municipal a Conlaverdad.com.

Mientras la alcaldesa de la ciudad Johana Aranda, tiene a decenas de contratistas en un limbo laboral, obligándolos a esperar hasta tres meses para renovar sus contratos, estas personas, sin respaldo legal, están utilizando recursos del municipio para funciones que no deberían desempeñar.

En lugar de abordar el problema de raíz, la mandataria montó su primer show mediático del 2025. Con cámaras a su alrededor, denunció que algunos trabajadores no cumplían con su horario laboral. Sin embargo, omitió lo más importante: esos mismos trabajadores no tienen contratos vigentes.

Esta ‘visita sorpresa’ a las instalaciones municipales no fue más que una estrategia para desviar la atención de un problema estructural que su administración ha permitido. ¿Cómo exigir cumplimiento laboral a quienes no tienen vínculo formal con el municipio?

El uso de bienes públicos por personas sin contrato no solo refleja negligencia administrativa, sino que podría tener graves implicaciones legales. No basta con culpar a los contratistas; la responsabilidad también recae en las altas esferas de la administración que han permitido esta situación.

Ante la gravedad de los hechos, los denunciantes han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo para investigar y detener estas prácticas irregulares. La situación exige respuestas inmediatas: identificar a los responsables y garantizar que los recursos públicos no sigan siendo utilizados sin control.

Este escándalo es un ejemplo más de la improvisación que caracteriza la administración de Johana Aranda. Lejos de garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos municipales, su gestión ha dejado una estela de irregularidades que afectan tanto a los trabajadores como a los ciudadanos de Ibagué.

Finalmente, es necesario realizar una visita a las instalaciones de las secretarías de Hacienda, Cultura, Desarrollo Social, Educación y otras dependencias de la administración municipal para verificar la situación que se está presentando. La alcaldía exhibe una doble moral al exigir cumplimiento de horarios laborales, pero permitir que los contratistas trabajen sin contrato.

Si la situación fuera diferente, se deberían hacer públicos los contratos y ofrecer un informe detallado sobre el ingreso y salida de los contratistas, respaldado por los controles registrados en la entrada de la Alcaldía, donde se documenta el paso de las personas y se evidencia la presunta irregularidad.