Política

El mayor beneficiario del senador Miguel Barreto en el escándalo ‘Las Marionetas 2’

Según el escrito de acusación en su contra, Ospina Rosales habría sido uno de los "beneficiarios" de cuatro contratos para obras y consultoría en el Tolima durante el año 2022.

En un informe revelado por Caracol Radio, se han dado a conocer detalles del escrito de acusación en contra de cinco implicados en el caso de corrupción DPS, también conocido como «Marionetas 2».

Entre los acusados figura el comunicador social y periodista de Ibagué, Andrés José Ospina Rosales, quien supuestamente habría actuado como el «beneficiario» del senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto Castillo.

El comunicador social, enfrentará juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en una empresa criminal que habría utilizado al Departamento de Prosperidad Social (DPS) para direccionar contratos de recursos destinados a la Paz, bajo instrucciones e intereses de congresistas.

Según el escrito de acusación en su contra, Ospina Rosales habría sido uno de los «beneficiarios» de cuatro contratos para obras y consultoría en el Tolima durante el año 2022, derivados del contrato madre 670 en el DPS. El ente acusador sostiene que el verdadero dueño de estos contratos era el senador tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo.

Además, la Fiscalía indica que el periodista, conocía que los contratos en los que intervino como contratista, a través de una persona interpuesta, estaban direccionados a favor de empresas determinadas por él y presuntamente por el senador Barreto. Óscar Leyton, señalado como «lobista» y uno de los que entregaba instrucciones, también estaba al tanto de que por la adjudicación de estos contratos se asumían compromisos que privilegiaban el interés particular sobre el general.

En una compulsa de copias realizada por la Fiscalía en 2023, se informó a la Corte Suprema de Justicia, sobre la existencia de un grupo de congresistas que presuntamente desviaban recursos públicos en favor de sus intereses personales, y se señaló al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) como uno de sus centros de operaciones.

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