En el Tolima la incoherencia entre el discurso político y las acciones en territorio

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

Advertencia: los comentarios aquí expresados son de exclusiva responsabilidad de su autor y en nada compromete a este medio de comunicación.

En Cali en un Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad y la Seguridad Territorial, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz como lo había realizado en otras oportunidades, se pronuncio ante las amenazas que según ella enfrenta la institucionalidad y expresó su profunda preocupación por la alteración arbitraria de los horarios electorales en la pasada consulta popular en varios municipios del país, violando la normativa establecida, señalando específicamente el caso de Natagaima, donde las elecciones no se cerraron a las 4:00 p.m., como ordena la ley, sino a las 6:40 p.m., permitiendo que personas en fila depositaran su voto. “No podemos permitir que en Colombia se pase la ley por alto. La institucionalidad se respeta”, pero la gobernadora, al parecer desconocía que la autorización la dio la misma Registraduria.

Matiz además advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales, narcoterroristas y minería ilegal, así como prácticas irregulares como la carnetización de la población, que ponen en riesgo soberanía la democracia en los territorios haciendo un llamado a fortalecer la articulación entre políticas nacionales de seguridad y estrategias regionales, exigiendo resultados coherentes frente a la amenaza a la paz y la gobernabilidad.

Mientras tanto en su territorio se conocía el desplome puentes y carreteras. El 30 de octubre en la vereda La Alcancía, zona rural del Líbano, colapso un puente peatonal sobre la quebrada La Honda con saldo de seis estudiantes heridos, entre ellos una joven embarazada. Por seguridad los alumnos de la institución educativa del sector continúan actividades académicas de forma virtual hasta el cierre del año escolar mientras la Gobernación anunció la conformación de una mesa técnica con la Alcaldía de Líbano, para la instalación de una nueva estructura. Y el corredor vial que conecta al municipio de Anzoátegui con los corregimientos de Lisboa, Río La China, San Juan de la China y San Bernardo, hasta llegar al El Salado en Ibagué, que constituye ruta vital para la unión del sector con el centro del Tolima, facilitando la movilidad de campesinos y productores agropecuarios y que sirve de corredor alterno para el transporte y el desarrollo, ante su mal estado llevó a las comunidades afectadas, a interponer una Acción Popular contra el Departamento, en pro de su pavimentación.

El Juzgado 10º Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante auto del 28 de octubre de 2025, admitió la demanda que busca garantizar el derecho al goce de un ambiente sano, la seguridad vial y la adecuada infraestructura pública, tal como lo establece la Ley 472 de 1998, en razón a que  la falta de pavimentación, señalización y obras de mitigación convirtió el paso por este corredor en un riesgo constante. La Acción Popular solicita que la Gobernación adopte de inmediato las medidas necesarias para la intervención y pavimentación total de la vía.

Ante estos hechos Renzo García, del Pacto Histórico, reprochó a la gobernante expresando que no puede hablar de legalidad ni de defensa del territorio mientras permanece en silencio ante la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima. “Debería dar ejemplo. Ella preside el Consejo Directivo de Cortolima y no hace absolutamente nada para frenar la minería criminal que está destruyendo el río Saldaña”, y agregó que: “la situación en Ataco es terrible, hoy operan cerca de 30 retroexcavadoras sobre las fuentes hídricas del municipio, a vista de las autoridades sin que se tomen medidas efectivas, esto demuestra un abandono institucional y preocupante falta de articulación entre Cortolima, la fuerza pública y las entidades ambientales”.

Y ante El pronunciamiento que dio Matiz cuestionando la ampliación de los horarios de votación durante la consulta, sosteniendo que la decisión habría favorecido al Gobierno Nacional, insinuando un manejo político de los tiempos electorales, respondió con firmeza. “La gobernadora se queja porque se amplió el tiempo para que la gente vote, pero guarda silencio frente a las fallas de la Registraduría, que impidieron la participación del campesinado. Eso sí es grave el campesino es sujeto de especial protección constitucional y el Estado tiene el deber de garantizarle el ejercicio pleno de sus derechos democráticos. Aquí el problema no es que haya más tiempo para votar, el problema es que el Estado ha sido incapaz de garantizar la democracia rural. Eso si debería preocuparle, la registraduría no la maneja el presidente Petro. Es un organismo con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, atribuirle al presidente decisiones que no le corresponden demuestra desconocimiento institucional. Le pediría a la gobernadora que se entere un poquito de cómo funciona la Registraduría del país, porque sus declaraciones generan confusión y desvían la atención de los verdaderos problemas”.

Luego, la entrega de una inversión de $10 mil millones en maquinaria amarilla para la gente campesina y la gente necesitada del Tolima por parte de la UNGRD desató otra tormenta a partir de las declaraciones de la representante Martha Alfonso, quien además de formular cuestionamientos a la gobernadora Adriana Magali Matiz por no reconocer la gestión del presidente Petro, también tocó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo de quien dijo “El doctor Carrillo haciéndole la tarea a la Gobernadora del Tolima”. A lo que respondió, de manera vehemente. Adriana Magali  “A mí nadie me hace la tarea, nosotros no somos flojos ni somos habladores, ni necesitamos que nadie nos haga la tarea; nosotros mismos la hacemos con compromiso y con trabajo permanente hacemos nuestras tareas”.

Lo cierto es que la crítica de la doctora Adriana Magaly al Presidente ha sido permanente mientras el gobierno nacional responde con hechos. El Ministerio de Salud y el Departamento de Prosperidad Social para inversiones en Santa Isabel, Armero Guayabal y Murillo y celebró, la asignación de más de 2.500 millones de pesos para el hospital de Santa Isabel y recursos para puestos de salud, atención primaria y fortalecimiento institucional. Carolina Hoyos, directora nacional del DPS, coordinó mesas de trabajo con varios municipios tolimenses para avanzar en proyectos de infraestructura, programas sociales y cofinanciación, se asigna entrega de tierras a los desposeídos y ha crecido la agricultura, disminuyendo la pobreza extrema. Este panorama genera comentarios sobre la incoherencia entre el discurso político y las acciones en territorio, especialmente cuando líderes que denuncian públicamente al Gobierno, al mismo tiempo gestionan y agradecen los recursos que este mismo administra.