Escándalo de corrupción de Ciro Ramírez salpica a políticos tolimenses
Escándalo de corrupción sacude el panorama político del Tolima y Quindío
En un giro sorprendente de los acontecimientos, la red de corrupción encabezada por el excongresista Mario Castaño ha dejado expuestos a dos políticos tolimenses. Además del ya conocido implicado Ciro Ramírez, también se encuentran bajo la lupa Miguel Barreto y Pierre García.
Según un detallado informe periodístico de Noticias Uno, las coimas millonarias, que ascienden a casi $1.000 millones, habrían sido repartidas entre Ramírez y García. Este último, exdirector general de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque, habría tenido un papel determinante en el direccionamiento de contratos para la construcción de obras en el Tolima y Quindío.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reveló que en una de las reuniones, el senador Ciro Ramírez y García Jacquier habrían solicitado un porcentaje del total de las contrataciones, haciendo referencia a la exigencia de coimas. Estos encuentros dejaron entrever la influencia que estos políticos ejercían en la selección de contratistas, quienes supuestamente eran favorecidos por García y sus aliados.
Un testigo del tribunal reveló que las contrataciones se llevaban a cabo a través de invitaciones privadas, destinadas únicamente a aquellos elegidos por García y sus cómplices. Esta forma de proceder levantó sospechas y ha puesto en evidencia la posible manipulación de los procesos de licitación.
El escándalo de corrupción también ha salpicado al senador Miguel Ángel Barreto, así como a otros políticos prominentes como Juan Felipe Lemos, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y Samy Merheg. La gravedad de los hechos ha llevado a la expedición de copias en su contra, y se espera que sean investigados a fondo por su presunta participación en estas prácticas ilícitas.
Es importante destacar que los fondos utilizados para amañar los contratos supuestamente provenían del Fondo de Inversión para la Paz, lo cual agrava aún más la situación, ya que se trata de recursos destinados a promover el desarrollo y la estabilidad en las regiones afectadas por el conflicto armado.
