Ibagué y la crisis de habitantes de calle: ¿Solución o parche?

Por Luis Antonio Castro. Abogado especialista – Analista político

Ibagué enfrenta una crisis humanitaria: 1.520 habitantes de calle, de los cuales el 80 % provienen de otras ciudades. La alcaldesa Johana Ximena Aranda ha respondido con planes de retorno y hasta un “cierre de fronteras”. Pero surgen dudas: ¿son estas medidas constitucionales?, ¿o simples parches que trasladan el problema sin resolverlo?

Traslados forzados: ¿realidad o rumor?

El sacerdote Alejandro Arias, director del Hogar de Paso, denuncia que habitantes de calle llegan en buses desde Bogotá y el Eje Cafetero y son abandonados en peajes. Aunque no hay pruebas judiciales, el patrón es consistente. ¿Estamos ante una externalización silenciosadel problema por otras ciudades?

Factores que atraen y expulsan

La pobreza, el desempleo y el consumo de drogas empujan a miles a las calles. Ibagué, por su clima amable y solidaridad ciudadana, es percibida como un lugar donde sobrevivir resulta más fácil. Sin embargo, la proliferación de chatarrerías y los tradicionales expendios de droga en zonas como la calle 19 y la ‘vuelta del chivo’ convierten el centro de la ciudad en un foco de atracción para problemáticas sociales.

Medidas en el filo de la Constitución

La administración municipal ha desplegado un plan de retorno asistido que ofrece apoyo logístico y procesos de desintoxicación para facilitar el regreso de los habitantes de calle a sus lugares de origen. A esto se suman operativos de control en las entradas de la ciudad, con el objetivo de frenar el abandono de nuevos individuos en el territorio, así como campañas ciudadanas que exhortan a no entregar dinero en la vía pública, incentivando que la ayuda se canalice a través de instituciones como hogares de paso.

Sin embargo, estas medidas se mueven en un terreno delicado desde el punto de vista jurídico. El artículo 24 de la Constituciónconsagra el derecho a la libre circulación, lo que obliga a que cualquier restricción se justifique bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto por la dignidad humana. La Corte Constitucional, en sentencias recientes, ha reiterado que las políticas hacia la población habitante de calle deben centrarse en la protección de derechos fundamentales y no en su exclusión, evitando que estas acciones se conviertan en mecanismos de segregación o criminalización de la pobreza.

Riesgos jurídicos y políticos

Organizaciones de derechos humanos advierten que estas medidas pueden convertirse en criminalización de la pobreza. Sin articulación nacional, Ibagué termina como “ciudad destino”, sobrecargando su presupuesto y sus albergues.

Tres pasos para salir de la crisis

La solución no puede recaer únicamente en Ibagué. Es urgente una política nacional unificada que articule esfuerzos entre el Gobierno central y los municipios, con un registro único de habitantes de calle, programas robustos de salud mental y rehabilitación de adicciones, y un presupuesto diferencial para las ciudades receptoras que están soportando la mayor carga. Solo una estrategia integral y con financiación garantizada permitirá atacar de raíz este fenómeno, en lugar de continuar con respuestas fragmentadas y temporales.

En el plano local, la administración debe fortalecer su capacidad de respuesta, crear centros de atención integral con enfoque de reducción de daños y establecer sistemas de seguimiento que eviten la reincidencia de las personas retornadas. Además, debe ejercer presión jurídica —incluso mediante acciones de cumplimiento o demandas ante la Corte Constitucional— para que el Estado asuma su corresponsabilidad. La participación ciudadana también es crucial: campañas educativas pueden canalizar la solidaridad hacia instituciones que promuevan la rehabilitación y la reintegración social, en vez de perpetuar la informalidad de la ayuda en la calle.

El llamado es claro: Gobierno, Congreso y entes de control no pueden seguir mirando hacia otro lado. La crisis de Ibagué es el reflejo de un problema nacional que exige decisiones de fondo, políticas con enfoque de derechos y una financiación seria. Si no se actúa ahora, el fenómeno seguirá creciendo hasta desbordar las capacidades locales, convirtiendo lo que hoy es una crisis humanitaria en un problema de orden público de dimensiones nacionales.

No más parches: se necesita Estado

La crisis de Ibagué es un espejo del país. Como lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017 para La Guajira, es hora de que el Estado asuma esta situación como un problema estructural y no deje sola a la capital tolimense.

Ibagué no puede ser el basurero social de Colombia, pero tampoco puede actuar como si estuviera fuera del Estado Social de Derecho. Urge acción conjunta, jurídica y política, antes de que la ciudad colapse socialmente.