Investigado senador Barreto por el fiasco vial en el sur del Tolima
En el epicentro de esta pesquisa se encuentra un contrato suscrito en 2012, cuyo propósito era la pavimentación de 17 kilómetros.
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto sus ojos sobre el senador conservador Óscar Barreto, por cuenta de un entramado de presuntas irregularidades en un contrato de obra que, lejos de mejorar la movilidad entre Planadas y el corregimiento de Gaitania, resultó en un daño patrimonial que supera los $2.607 millones.
En el epicentro de esta pesquisa se encuentra un contrato suscrito en 2012, cuyo propósito era la pavimentación de 17 kilómetros. Sin embargo, tras una minuciosa investigación iniciada en 2021, la CGR descubrió un panorama desolador. Visitas de campo revelaron que el pavimento «se encontraba desplazado terreno abajo», dejando en evidencia el fracaso de una obra que, en teoría, debería haber culminado en 2020.
La trama se complica al involucrar a la Gobernación del Tolima, la Jefatura de Ingenieros Militares y Fonade (ahora conocida como Enterritorio) en un convenio que, en lugar de construir una vía funcional, dio paso a una infraestructura inútil.
La indagación del ente fiscalizador, se extiende también al brigadier general retirado Guillermo Suárez Ferreira, responsable de la Jefatura de Ingenieros en aquel momento. Aunque el informe de la Contraloría destaca la advertencia previa del interventor sobre fallas en estudios y diseños, estas señales fueron ignoradas.
Agrietamientos, hundimientos y levantamientos del pavimento son solo algunas de las consecuencias de un proyecto que, desde sus cimientos, estaba destinado al fracaso.
El caso adquiere mayor relevancia al descubrir que, a pesar de la sucesión de dos gobernadores más, Luis Carlos Delgado y Ricardo Orozco, ninguno detectó las irregularidades en este proyecto millonario que se desplegaba en la zona rural del sur del Tolima.
El senador tolimense de origen conservador Óscar Barreto, actualmente tiene procesos vigentes en la Corte Suprema de Justicia, enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en 12 contratos de obra pública durante su mandato como gobernador del Tolima. Estos proyectos, que ascienden a cerca de $35.000 millones.
