
La chatarrización de busetas, el talón de Aquiles en la negociación con la Alcaldía de Ibagué
Una de las propuestas que se está llevando a cabo es la creación del Fondo de Calidad, que paga a los propietarios cuando sus busetas cumplen con su vida útil.
Ibagué enfrenta una crisis en su sistema de transporte público que se remonta a años anteriores. La ciudad, que en 2019 contaba con una capacidad de 721 busetas para el servicio, hoy se ve obligada a lidiar con una sobreoferta de vehículos, resultado de la proliferación de más de 1,000 busetas antes del 2017.
Esta situación ha generado un desajuste que impacta a transportadores, propietarios y a la misma administración municipal. Carlos Beltrán, presidente del Consejo de Administración de Cotrautol, en diálogo Conlaverdad.com dio a conocer las medidas que se están tomando para solucionar este lío.
“La sobreoferta se crea porque, en su momento, Ibagué tenía más de 1,000 busetas y al final nos quedamos con 902. En este contexto, la administración, las empresas y los propietarios nos vemos obligados a sacar unas unidades para dar paso a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte (SET), pero para eso debemos ofrecer recursos que compensen a los propietarios por la salida de sus vehículos», explicó Beltrán.
Una de las propuestas que se está llevando a cabo es la creación del Fondo de Calidad, que paga a los propietarios cuando sus busetas cumplen con su vida útil. Este mecanismo busca garantizar que, al retirar vehículos de circulación, los transportadores no se queden «sin un peso».
Sin embargo, Beltrán dijo que el verdadero desafío radica en establecer un sistema de compensación para todas las empresas y transportadores que se vean afectados por esta reestructuración del transporte en la ciudad.
A pesar que algunos rumores apuntan a que cerca de 200 busetas deberán salir de circulación, Beltrán aclaró que la cifra real es mucho menor. «La cifra aproximada es de 160 busetas», puntualizó.
Uno de los temas que genera más controversia es la compensación que la Alcaldía de Ibagué ofrece a los transportadores por la reposición de sus vehículos. Según Beltrán, los decretos 806 y 469 son las bases para determinar las compensaciones económicas a los propietarios, pero aún falta mucha claridad en cuanto a los valores establecidos en las tablas de venta y renta.
El presidente de Cotrautol también cuestionó de dónde saldrán los recursos necesarios para este fondo. Si bien los estudios contratados para analizar la situación del transporte en la ciudad podrían ayudar a encontrar una solución a largo plazo, aún persisten dudas sobre cómo se garantizará la estabilidad financiera del sistema de transporte.
El impacto de la pandemia en el transporte público ha sido significativo. Las rutas y la oferta de pasajeros se han reducido drásticamente desde 2020. De movilizar más de 220,000 pasajeros diarios antes de la crisis sanitaria, hoy apenas se alcanzan los 150,000, lo que complica aún más la situación de las busetas en Ibagué. El nuevo estudio contratado busca arrojar datos más precisos sobre la cantidad de vehículos que realmente son necesarios para cubrir la demanda actual.
Sin embargo, según Beltrán, la sobreoferta está siendo subsanada mediante las restricciones de pico y placa, ya que los vehículos que salen diariamente a prestar el servicio corresponden a los realmente necesarios. «En Ibagué no hay sobreoferta, ya que las unidades que están circulando son las que realmente se necesitan», aclaró.
Con más de 900 busetas en circulación y con una disminución de la demanda por pasajeros, el desafío que enfrenta Ibagué es monumental. El gobierno de Johana Arañada, junto con las empresas y los transportadores, deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de reducir el número de busetas y garantizar una compensación justa para los propietarios afectados.
Sin embargo, como concluyó Beltrán, la clave está en los estudios que determinarán cuántas unidades realmente hacen falta para cubrir la demanda y asegurar un transporte eficiente y sostenible para la ciudad.