La Fuerza Pública no pertenece a ningún sector político

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala

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Ahora el ministro de Defensa de Colombia también desfila armado. En una ceremonia en una base militar de Valledupar, el presidente De la Espriella, el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar marcharon con la mano en la frente y pistolas al cinturón. Se trata de la puesta en escena teórica y sin precedentes de apoyo a la Fuerza Pública por parte del Gobierno y de un presidente que quiere hacer ver a Nayib Bukele como un boy scout.

Militares y policías, activos y retirados de diverso rango, concuerdan en que hubo un cambio radical desde el inicio de este gobierno, pero el apoyo estatal, por sí solo, tiene límites y algunos, sobre todo en rangos superiores, solicitan llenar los vacíos en la seguridad jurídica, al tiempo que les suben la exigencia de resultados. Y se conoció la solución: “Estatuto Antiterrorista” una ley que amplía los poderes del Estado para combatir la criminalidad, bajo el sello de lucha contra el terrorismo. Con Abelardo en la Presidencia, las Fuerzas Armadas se sienten libres para hostigar, perseguir y atacar a quienes consideren violentos, guerrilleros o terroristas.

El “desamarre” de la Fuerza Pública es, sin embargo, subjetivo. Al final del gobierno Petro, habían detenido los ceses al fuego firmados bajo la paz total y, con la llegada del primer ministro de Defensa militar en tres décadas, el general Pedro Sánchez, las Fuerzas Armadas habían retomado el control.

Ahora, con ese apoyo vienen exigencias y requerimientos; los mandos militares sienten presión por resultados: “Les piden resultados muy focalizados; que se reactiven operaciones audaces de inteligencia, resultados pronto”. La manera como se exigen resultados es fatídicamente sensible. A comienzos de siglo, los cuadros de bajas en combate ligados a incentivos a militares y la presión desde la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez acabaron con miles de personas ejecutadas, en lo que se conoce como los falsos positivos.

Javier Flórez, director del área de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, coincide: “Ese apoyo está siendo definitivo para fortalecer la voluntad, la moral y la disposición de las tropas. Se habla de resultados en términos de bombardeos, bajas y operaciones constantes, en términos de operatividad, capturar las cabezas principales del crimen organizado, reducciones en la extorsión e incautaciones”.

Jean Carlo Mejía, asesor y consultor en derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario, coincide: la Fuerza Pública opera en una indecisión jurídica por la ausencia de una ley estatutaria de seguridad y defensa, un vacío que existe y para el cual el Gobierno trabaja en la creación de un marco jurídico que permita enfrentar la razón multicriminal del conflicto. El primer paso sería una ley de seguridad y defensa “como sombrilla que organice todo el sistema de seguridad” y debajo de la cual se puede desarrollar una ley del uso de la fuerza.

El Estatuto Antiterrorista se presenta al Congreso y su alcance busca crear una lista de organizaciones terroristas, modelo “gringo”, y ampliar definiciones judiciales para bajar estándares de persecución penal.

De la Espriella, durante la activación de la Fuerza de Tarea Urano en Valledupar, dijo: «Mi deber es dar órdenes claras, exigir que esas órdenes se cumplan en el marco de la Constitución y de la ley […] y proporcionar los medios necesarios y el respaldo cuando cumplan con su deber». Incluso prometió respaldo jurídico a exmilitares colombianos retenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El plan introduce definiciones amplias que generan advertencias de inconstitucionalidad y alertas sobre posibles violaciones de derechos humanos y la probabilidad de una dictadura.

Pero no hay equipos nuevos porque no hay recursos, y el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso mostró que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional serán la tercera y cuarta entidades con mayores adiciones en funcionamiento para 2027, con 1,07 billones y 0,89 billones, respectivamente, pero con una caída en inversión. Puede haber treguas como resultado de la cooperación con EE. UU., aún sin un aumento de dinero; hay señales de más cooperación de inteligencia. Los detalles de cómo serán operados aún no son claros.

Abelardo ordenó a la Fuerza Pública actuar con firmeza durante las protestas y presentó un borrador de decreto para regular la movilización social. Advirtió que la autoridad actuará sin vacilaciones si se presentan actos violentos, daños a la infraestructura o bloqueos de vías que impidan el tránsito de los ciudadanos.

Divulgó un escrito para normar el uso de la fuerza y ordenó la intervención de la Fuerza Pública en predios universitarios cuando se registren hechos de violencia interna. Los sectores estudiantiles han criticado estas medidas por considerarlas una presión indebida contra la autonomía de las instituciones de educación superior.

Pero los adeptos del presidente asumen su beligerancia tanto física como verbalmente. En los recintos y en las propias calles se advierten el odio y la antipatía hacia quienes no aplauden sus tareas estatales. El propio exministro Guillermo Alfonso Jaramillo fue groseramente abordado e increpado por el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez.

El video del hecho fue compartido de inmediato por el congresista y replicado por medios afines al Gobierno, en el que aseguró que había “sacado del recinto” a Jaramillo y cuestionó la presencia del exministro de Salud. Este rechazó la postura del congresista y debatió que se intentara determinar la presencia en una ceremonia institucional a partir de posiciones políticas.

“¿Esa es la democracia que dice defender?”, preguntó el exministro, quien sostuvo que las instituciones y la Fuerza Pública no pertenecen a ningún partido o sector político. Jaramillo negó que durante esa administración se hubiera “lastimado” a la Fuerza Pública: “Lo que se hizo fue incrementar el presupuesto de la Policía, impulsar ascensos y avanzar en mejores condiciones salariales y de bienestar para los uniformados”.

Rodríguez dijo que sacó al exministro del recinto. Jaramillo replicó: “Permanecí durante buena parte del acto y me retiré porque tenía una reunión previa, programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, conexa con documentación de presuntos actos intimidatorios y hostigamientos contra integrantes del citado Gabinete por la Vida”, información que será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Decir públicamente quién es o no ‘bienvenido’ a un acto institucional demuestra por qué estas situaciones deben ser documentadas”, afirmó Jaramillo, quien insistió en que las diferencias políticas deben debatirse en el Congreso y con argumentos, al tiempo que manifestó su respeto y reconocimiento hacia policías y militares.

A esta respuesta se sumó el expresidente Gustavo Petro, quien calificó de extrema grosería la actitud del senador y recordó que su exministro había sido invitado a la ceremonia. También defendió las actuaciones de su Gobierno frente a la Fuerza Pública, ya que durante su administración se logró que 17.000 patrulleros ascendieran al grado de subintendente, mejoraron los salarios de los uniformados y se trabajó en el fortalecimiento de los servicios de salud para los integrantes de la Policía y sus familias, lo cual parece haber quedado en el olvido.