Los aspirantes a la Gobernación: la gestión como carta de presentación
Es así como el verdadero examen no debería limitarse a quién ofrece las mejores promesas ni a quién logra mayor impacto en redes sociales.
Por: José Baruth Tafur G. Abogado – Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña. Maestrante Comunicación Política.
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En el Tolima ya comienzan a mencionarse varios nombres como posibles aspirantes a la Gobernación. Más allá de simpatías o diferencias políticas, vale la pena dar a conocer desde ya a la ciudadanía las acciones que adelantaron desde los cargos públicos que ocuparon. No se trata de decir quién lo hizo mejor, sino de recordar que el mejor juez de un dirigente no debería ser un discurso, sino sus resultados. Siguiendo un orden estrictamente alfabético por apellido, vale la pena detenerse en tres casos.
Fernando Borja, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, encontró en el café una oportunidad para hablar de desarrollo rural desde la formación. El 19 de abril de 2024, en el municipio de Líbano, fue presentada la Escuela Regional del Café, una iniciativa construida entre la Gobernación del Tolima, el Comité Departamental de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros y la Universidad del Tolima. La apuesta no fue menor: una inversión cercana a los 4.600 millones de pesos para crear un modelo de formación con capacidad de preparar a 1.000 personas por año, mediante programas de 600 horas en producción, transformación, catación, tostión, barismo y emprendimiento. El objetivo era claro: que los hijos de los caficultores no solo aprendieran a cultivar café, sino también a transformarlo y comercializarlo con mayor valor agregado. Un año después comenzaron a verse los primeros resultados con la graduación de cerca de 100 jóvenes, mientras nuevas cohortes continúan su formación. En un departamento donde el café representa uno de los principales motores económicos, el verdadero reto será determinar si esa apuesta académica termina reflejándose en mayores ingresos para las familias cafeteras y en un relevo generacional efectivo.
El segundo nombre es Giovanni Molina, quien desde la Asamblea Departamental ha convertido la protección animal en una de sus principales banderas. En 2024, la Asamblea aprobó por unanimidad una ordenanza que garantiza transferencias permanentes de recursos al Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima. Aunque la noticia pudo pasar desapercibida para muchos, la importancia de la decisión radica en que dejó de depender de asignaciones ocasionales del presupuesto y creó un mecanismo estable de financiación para la atención de animales abandonados, víctimas de maltrato y de familias de escasos recursos. En un escenario político donde con frecuencia los programas desaparecen cuando cambian los gobiernos, institucionalizar una fuente permanente de recursos representa un cambio de fondo que trasciende el período de un mandatario o de una corporación pública.
El tercer caso corresponde a Ricardo Orozco, quien durante su administración enfrentó uno de los momentos más complejos para la educación superior como consecuencia de la pandemia. En agosto de 2020 anunció que el Tolima se convertiría en el primer departamento del país en garantizar la Matrícula Cero para los estudiantes de estratos 1 y 2 de la Universidad del Tolima y del ITFIP, no solo como una medida de emergencia, sino con una proyección hasta el segundo semestre de 2023. La decisión implicó un compromiso financiero cercano a los 50.000 millones de pesos durante el cuatrienio, con transferencias anuales superiores a 16.000 millones de pesos para sostener el beneficio. Según las proyecciones de la administración departamental, la medida beneficiaría a más de 16.000 estudiantes, teniendo en cuenta que cerca del 80 % de los alumnos de ambas instituciones pertenecían a los estratos 1 y 2.
La estrategia comenzó con la financiación de la matrícula del segundo semestre de 2020 para aproximadamente 13.000 estudiantes de la Universidad del Tolima, mediante una inversión inicial de 6.000 millones de pesos. Posteriormente, el programa se amplió y, el 26 de septiembre de 2020, la Gobernación formalizó un convenio específico con el ITFIP de El Espinal por 1.837 millones de pesos, beneficiando a 1.842 estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Con ello, la política dejó de ser una respuesta coyuntural a la crisis sanitaria para convertirse en una apuesta por reducir la deserción universitaria y aliviar la carga económica de miles de familias tolimenses.
Es así como el verdadero examen no debería limitarse a quién ofrece las mejores promesas ni a quién logra mayor impacto en redes sociales. La discusión tendría que centrarse en algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: qué hicieron cuando administraron recursos públicos, cuáles fueron los resultados de esas decisiones y qué tanto transformaron la vida de los tolimenses.
