Más dinero para politiquería con obras que nunca se terminan

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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El nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Concejo de Ibagué, al que citó la administración de Johana Aranda. debatirá, el nuevo cupo de endeudamiento que la alcaldesa le solicita al Concejo.

Se trata de $40.000 millones con los que se pretende rehabilitar y pavimentar la vía al El Salado, entre las calles103 y la 175. De acuerdo con Kevin Castañeda, secretario General de la Alcaldía, buscaron los recursos con vigencias futuras, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. «Se intentó por vigencias futuras, pero esto impone trámites más extensos, sumado a que por la Ley de Garantías solo se pueden hacer convenios interinstitucionales hasta mediados de noviembre. El propósito es cumplirle a la gente de El Salado», explicó Castañeda.

Sin embargo, el concejal Andrés Zambrano se mostró preocupado por el nuevo cupo de endeudamiento que solicitó Aranda, ya que en 2024 le aprobaron uno por $150.000 millones, que se convirtió en el más alto en la historia de la ciudad y cuya ejecución ni siquiera alcanza el 10 %.: «Esta administración ya llegó al récord histórico de endeudamiento. Nunca antes una administración había endeudado tanto a Ibagué y esta inició primero con el cupo de endeudamiento más alto de la historia, que fue el de $150.000 millones, y ahora va a solicitar otros $40.000 millones, para un total de $190.000 millones en menos de dos años», señaló.

Si bien el concejal comparte la necesidad de pavimentar la vía hacia El Salado, teme que los empréstitos de Aranda corran la misma suerte que los del exalcalde Andrés Hurtado, quien en su momento solicitó dos, por ejemplo, para el fallido proyecto del puente de la carrera Quinta con calle 60. «Ahora nos están vendiendo la misma idea: que se necesita ese empréstito para hacer la vía de la 103 hacia abajo, y al final de cuentas puede pasar lo mismo que con otros proyectos como el puente de la 60, ya que esta es una administración que no ha ejecutado bien, lo que ha llevado a escándalos de posible corrupción. No puede ser que normalicemos que para hacer las obras en Ibagué sea necesario endeudar al Municipio», aseveró Zambrano.

Además genera suspicacias el nuevo empréstito por solicitarse justo antes de una contienda electoral. «Piden el nuevo cupo meses antes de las elecciones al Congreso de la República, y sabemos que esta administración está muy cercana a la estructura del exalcalde Andrés Hurtado, que tiene aspiraciones en esas elecciones». Por último, Zambrano contó que la ciudad comenzó 2025 con deudas acumuladas de $360.000 millones, cifra que podría ascender a $400.000 millones si aprueban el nuevo cupo. Pese a esto, la alcaldesa Aranda parece tener el camino allanado en el Concejo para conseguir la aprobación del nuevo endeudamiento.

Lo grave es que la Alcaldía pide autorizaciones para prestamos de recursos que luego se utilizan en prórrogas y adiciónes presupuestales para obras que nunca se terminan o acaban mal como los $2.199 millones al contrato de obra No. 2995 del 22 de noviembre de 2023, adjudicado al Consorcio Obras 2023, representado por el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto, el mismo del fracasado proyecto del puente  de la calle 60. El contrato, firmado por $11.518 millones para mejorar y adecuar escenarios deportivos urbanos y rurales en el municipio, ha sido prorrogado ocho veces. Con esta última reforma, el valor total asciende a $13.717 millones y el plazo se extiende a 625 días calendario, lo que representa 4 veces el tiempo originalmente pactado y pese a los millones invertidos, los resultados son inciertos.

La ejecución ha estado llena de entregas truncas, errores de diseño, improvisaciones técnicas y excusas logísticas. El caso más llamativo es el polideportivo del barrio Onzaga, inaugurado, con cerramiento incompleto: solo instalaron una puerta, sin la malla perimetral que garantice seguridad y funcionalidad y presentado como una obra completa.

A pesar de todas las fallas, la alcaldesa sacó con esta obra en la rendición de cuentas, pero los ciudadanos han denunciado que en estos polideportivos hasta las luminarias ya se dañaron. Según el acta de justificación para la prórroga, durante la ejecución del contrato se descubrió que las cubiertas de los escenarios no cubrían completamente las canchas,  error detectado por el mismo consorcio luego de realizar nuevo levantamiento topográfico.

Este fallo obligó a rediseñar elementos estructurales como zapatas, pedestales y contrapesos en ocho polideportivos: Onzaga, Ángeles, Villa del Sol, Villa Restrepo, Comfenalco, Tulio Varón, Tolima Grande y San Juan de la China. Estas modificaciones en pleno desarrollo de obra revela improvisación en la planeación y en las consultorías previas. La falta de precisión técnica  ha implicado retrasos y sobrecostos y sembrado dudas sobre la idoneidad de los estudios que sirvieron de base para abrir la licitación.

A pesar de la cuantiosa inversión y las múltiples prórrogas, los informes técnicos del contratista no han sido actualizados en la plataforma pública SECOP II desde el año 2024, lo cual contraviene los principios de transparencia y acceso a la información que deben regir la contratación pública. La Alcaldía sostiene que solo restan actividades en los escenarios de Los Ángeles y San Juan de la China, este último afectado, según el contratista, por problemas de acceso vehicular para el transporte de materiales. Pero las denuncias contradicen esta versión: varios escenarios ya “entregados” continúan con obras inconclusas, lo que pone en entredicho el seguimiento institucional y la veracidad de los informes oficiales.

Este contrato, lo que refleja es una preocupante repetición de patrones en la contratación pública de Ibagué: obras que inician sin estudios técnicos rigurosos, con muchas alteraciones y adiciones presupuestales, y sin consecuencias visibles para los contratistas incumplidos. Al final, las afectadas son las comunidades que llevan años esperando escenarios seguros, completos y funcionales. Mientras, los sobrecostos se acumulan, las entregas se retrasan y las respuestas siguen siendo insuficientes. Una vez más, la falta de rigor administrativo pone en jaque la eficiencia del gasto público en la ciudad y obviamente los dineros que se adquieran por nuevos empréstitos.