OCSECOP: de la norma a la acción, el reto del Tolima en seguridad y convivencia
El poder político debe entenderlo: en materia de seguridad, el fracaso no se mide en estadísticas, sino en vidas. Y ese costo, Tolima, no puede permitírselo.
Por Luis Antonio Castro. Abogado especialista. Analista político.
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La reciente sanción de la Ordenanza 0020 de 2025, que convierte al Observatorio de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Orden Público (OCSECOP) en una institución formal del Tolima, es mucho más que un trámite legislativo: es la posibilidad real de transformar la manera en que entendemos y gestionamos la seguridad en el departamento.
Durante años, la política criminal en Colombia ha estado marcada por la improvisación, el cortoplacismo y la reacción tardía frente al delito. Se habla de convivencia, pero sin información confiable ni coordinación efectiva, lo que termina reduciendo los planes de seguridad a promesas sin resultados. En ese contexto, el OCSECOP representa un giro estratégico: pasar del discurso abstracto a la acción informada, basada en evidencia y articulación institucional.
El impacto de esta ordenanza en la convivencia ciudadana puede ser decisivo. Centralizar la información sobre delitos y comportamientos contrarios a la tranquilidad pública permitirá identificar patrones, anticipar riesgos y focalizar intervenciones. No se trata solo de contar delitos, sino de entenderlos en su contexto social, económico y cultural para evitar que la violencia se repita o escale. Ciudades como Ibagué, que enfrentan dinámicas cambiantes de criminalidad, necesitan justamente esa capacidad de reacción temprana.
Además, el OCSECOP no está diseñado como una burocracia más, sino como un espacio de coordinación entre Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Ejército, ICBF, sector privado, academia y ciudadanía. Si esta articulación funciona, se acabarán los esfuerzos dispersos y se abrirá paso a una política integral en la que todos los actores asuman corresponsabilidad en la convivencia. El enfoque diferencial y el respeto por los derechos fundamentales, incluidos en la ordenanza, refuerzan el valor democrático de la iniciativa.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que el éxito está asegurado. En Colombia abundan los observatorios que nacen con fuerza y terminan convertidos en vitrinas vacías. El primer gran riesgo del OCSECOP es la sostenibilidad financiera: depender del presupuesto anual implica que su continuidad estará siempre en manos de la voluntad política. El segundo riesgo es la calidad de los datos. Un observatorio sin información rigurosa y actualizada no pasa de ser un compilador de cifras inútiles.
La apuesta está sobre la mesa: transformar la seguridad en Tolima de una estrategia reactiva a una política preventiva, basada en evidencia y respeto a los derechos humanos. Pero aquí no caben excusas: si el OCSECOP se convierte en un simple compilador de cifras o en un escenario de discursos vacíos, será un fraude institucional más y una burla a la confianza ciudadana.
Tolima tiene la oportunidad de ser referente nacional o de engrosar la lista de departamentos que confunden seguridad con show político. La diferencia no estará en la norma que ya existe sino en la voluntad de aplicarla con rigor y transparencia. Y esa responsabilidad no recae solo en los funcionarios: la ciudadanía debe vigilar, exigir y denunciar.
El poder político debe entenderlo: en materia de seguridad, el fracaso no se mide en estadísticas, sino en vidas. Y ese costo, Tolima, no puede permitírselo.
