Otro proyecto ‘fantasma’ tiene en graves líos al alcalde de Carmen de Apicalá

Otro proyecto ‘fantasma’ tiene en el ojo del huracán al alcalde del Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez Ortiz. Conlaverdad.com conoció en exclusiva el drama que viven varias familias que con sacrificio decidieron adquirir la casa de sus sueños en la vereda Chimbí, del municipio de Melgar, en el oriente del Tolima. Esas esperanzas e ilusiones quedaron truncadas cuando se dieron cuenta de que las obras nunca fueron construidas, pese a que ya cancelaron hasta el 80 % del valor acordado.

Uno de los afectados es Álvaro Javier Maldonado Córdoba, quien en entrevista concedida a este medio, relató cómo inició este proceso en el año 2021, tras la pandemia, cuando visitó la zona junto a su familia.

«Nosotros en el año 2021 acabamos de terminar la pandemia y fuimos a un glamping por la zona de Carmen de Apicalá y estaban vendiendo proyectos… Nos interesó uno mucho por el tema de la vista, digamos que el panorama que tenía el paisaje, y aparte de eso traer las facilidades de pago que daban para el proyecto. Eso fue en junio del año 2021. Nosotros decidimos que íbamos a comprar un lote de 3.000 metros frente a un lago por un valor pasado de los 200 millones, más o menos», indicó el ciudadano.

Maldonado explicó que tras consultar la hoja de negocios y la documentación de la empresa, todo parecía estar en regla, por lo que comenzaron a realizar abonos mensuales de entre 11 y 12 millones de pesos de forma muy cumplida. Sin embargo, los problemas comenzaron al llegar el año 2023, fecha en la que supuestamente debía entregarse el complejo.

«Y a hoy, año 2026, ya finalizando, no hay una respuesta clara por parte de ellos de cuándo va a ser la entrega del proyecto, y en eso estamos, estamos a la espera de qué va a pasar. Ya nosotros nos tocó contratar un abogado para que nos ayudara con el trámite, con el tema, para que pudiéramos avanzar con esa parte», expresó el afectado.

El proyecto de vivienda se denomina Condominium Resort Peñón del Sumapaz, a cargo de la empresa Construcciones y Urbanizadores SGS S.A.S. Según la documentación entregada a los compradores, el representante legal para la época era Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, quien actualmente funge como alcalde del municipio de Carmen de Apicalá.

Documento 1. Contrato de promesa de compraventa del proyecto Condominium Resort Peñón del Sumapaz.

El denunciante sostuvo que, al indagar con los colaboradores del lugar a comienzos de este año sobre el estado de las obras, recibió una preocupante versión: «La misma persona que cuidaba nos dijo que el alcalde se había gastado toda la plata del proyecto en política para llegar a la Alcaldía, y que por eso el proyecto no había avanzado».

En total, Maldonado entregó a la cuenta de Bancolombia suministrada por la constructora la suma de 186.815.000 pesos entre el 2021 y 2023. Al reclamar por los retrasos, asegura que le ofrecieron de manera dilatoria otros proyectos inmobiliarios, tanto en Colombia como en Panamá, cuyas visitas nunca pudieron concretarse debido según ellos al mal estado de las vías.

Documento 2. Estado de cuenta de terceros de Constructores y Urbanizadores S.G.C. S.A.S., correspondiente al  proyecto Condominium Resort Peñón del Sumapaz. El extracto registra movimientos entre agosto de 2021 y abril de 2023.

Esta redacción además consultó Fernando Castro, quien hace parte del bufete de abogados EC & ASOCIADOS SAS, representante legal de los compradores afectados. El jurista detalló las acciones legales que se han adelantado ante las diferentes instancias para lograr la protección de los derechos patrimoniales de las familias.

«Nosotros representamos a Javier en un proyecto que él adquirió, como él mencionó, en el condominio Resort Peñón del Sumapaz, ubicado en la vereda Chimbí, del municipio de Melgar, Tolima. Nosotros hemos agotado casi todas las instancias ante la constructora», señaló el jurista.

El abogado explicó que en principio se intentó un acuerdo conciliatorio en la Procuraduría, donde la constructora se comprometió a devolver los dineros en un plazo de entre 18 y 24 meses mediante un acuerdo transaccional que al final nunca cumplieron. Posteriormente, interpusieron una acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, proceso que se encuentra en curso a la espera de un fallo definitivo.

Documento 3. Auto del 11 de julio de 2025 mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la demanda de protección al consumidor.
Documento 4. Constancia de no acuerdo expedida por el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, con fecha del 1 de julio de 2025.

Además de las actuaciones adelantadas ante la Procuraduría, el conflicto llegó a los estrados judiciales mediante una acción de tutela interpuesta por Álvaro Javier Maldonado Córdoba, a través de su apoderado, contra Constructores y Urbanizadores S.G.C. S.A.S., por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición. El 11 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué asumió el conocimiento de la acción y ordenó trasladarla a la empresa para que respondiera sobre los hechos y las pretensiones. Este auto no constituye un fallo de tutela.

Documento 5. Auto del Juzgado Primero Penal Municipal de Ibagué, del 11 de septiembre de 2025.

La actuación judicial tuvo un nuevo capítulo el 6 de octubre de 2025, cuando el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué admitió un incidente de desacato contra Constructores y Urbanizadores S.G.C. S.A.S. y vinculó a su representante legal para que se cumpliera el fallo de tutela del 24 de septiembre de ese año. La decisión estaba relacionada con la respuesta a un derecho de petición presentado por Álvaro Javier Maldonado Córdoba.

Documento 6. Auto del 6 de octubre de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué admitió un incidente de desacato contra Constructores y Urbanizadores S.G.C. S.A.S.

Ante las denuncias periodísticas realizadas por Conlaverdad.com sobre presuntas irregularidades en otros proyectos en Tolima, la defensa decidió escalar el caso a la vía penal.

«El 27 de julio específicamente presentamos una denuncia penal en contra del actual alcalde de Carmen de Apicalá, del que fue en su momento representante legal, señor Jeison Andrés Quintero Medina, y de sus representantes comerciales… La semana pasada volvimos a radicar un memorial con sentido de urgencia ante la Fiscalía General de la Nación ampliando la denuncia por nuevos hechos, nuevas conductas punibles que hemos identificado a raíz de esas publicaciones de prensa, y para que se corrigiera la calificación registrada en el sistema de Fiscalía, porque lo habían registrado como un delito querellable de menor cuantía cuando no es así», precisó el abogado Castro.

Documento 7. Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación

Documento 8. Memorial de ampliación de la denuncia penal presentado ante la Fiscalía General de la Nación el 15 de octubre de 2026.

Sobre los presuntos delitos en los que estarían inmersos los implicados, el representante de las víctimas indicó que corresponderá a un juez de la República determinarlos, aunque advirtieron la presencia de conductas graves:

«Nosotros consideramos que en esta situación hay inmersos una estafa agravadapor el tema de la cuantía y en modalidad masiva, por lo que ya Javier te ha comentado que no solamente él, sino muchísimos más compradores del proyecto donde está Javier están afectados… Hay un tema de captación masiva y habitual de dineros al público, un concierto para delinquir, un tema de urbanización ilegal, un tema de lavado de activos, alzamiento de bienes, y yo creo que circunstancias de mayor punibilidad pueden existir dentro de este proceso presuntamente».

Cabe resaltar que este no es el primer proyecto inmobiliario sin realizarse en el que resulta involucrado el mandatario de esa población. Recientemente, el alcalde Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, su hermano Jorge Andrés Gutiérrez Ortiz y otras tres personas fueron denunciados penalmente por un caso similar denominado Terraviva Reservado, en el municipio de El Espinal.

En dicho proceso, más de 200 familias reclaman la devolución de más de 5.000 millones de pesos entregados para la adquisición de lotes. La firma Litigio Inmobiliario S.A.S., que representa a los afectados, advirtió sobre presuntos traslados de dineros entre sociedades, incumplimientos en acuerdos de desistimiento firmados a inicios de 2025 y controversias jurídicas dentro del proceso de reorganización empresarial de la compañía Prinvers ante la Superintendencia de Sociedades.

Las autoridades judiciales y de control deberán establecer las responsabilidades individuales de los involucrados en estos casos que hoy mantienen en vilo el patrimonio y la tranquilidad de cientos de ciudadanos en el departamento.