Salud

Paro indefinido estalló en la USI por falta de pago

La empresa Servitroal, representada legalmente por Diana Camila Troncoso Álvarez, es la misma contratista que meses atrás intentó quedarse con el manejo de los parqueaderos de los escenarios deportivos de Ibagué.

A paro indefinido entraron los empleadas del área de servicios generales que prestan el servicio de aseo en las diferentes sedes y centros de salud de la Unidad de Salud de Ibagué, USI, ante el incumplimiento en el pago de sus salarios, que no son cancelados desde el pasado mes de agosto por la empresa Servitroal, representada legalmente por Diana Camila Troncoso Álvarez, la misma cuestionada contratista que quiso quedarse con el manejo de los parqueaderos de los escenarios deportivos de la ciudad.

Los trabajadores vinculados a la empresa Servitroal, a través de un documento enviado a la redacción de Conlaverdad.com aseguraron que la falta de pago se ha vuelto reiterado y que, a la fecha, no han recibido los sueldos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, situación que afecta de manera directa su mínimo vital y el de sus familias.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 17 de diciembre de 2025, dirigida a la representante legal de la empresa, en la que las funcionarias advirtieron que los retrasos salariales han sido “constantes y sistemáticos” y que, ante el incumplimiento de esta obligación legal, no continuarán desarrollando sus labores hasta que se realice la cancelación total de los valores adeudados.

En el documento, los operarios expresaron que el salario es un derecho irrenunciable y el único medio con el que cuentan para cubrir sus necesidades básicas, razón por la cual exigieron una solución inmediata y un compromiso serio por parte de la empresa para normalizar los pagos.

Los afectados le dijeron a este medio, que inicialmente se les informó que el pago se realizaría el 10 de diciembre, una vez la USI girara recursos a la empresa contratista. Sin embargo, según relataron, la situación cambió tras la intervención a la entidad estatal, la salida de la gerente y el nombramiento de una nueva administración, hechos que habrían detenido el giro de recursos a Servitroal y, en consecuencia, el pago a las trabajadoras.

Desde entonces, afirmaron no haber recibido información clara ni fechas concretas sobre la cancelación de los salarios adeudados. En la denuncia también se advierte un temor generalizado a represalias laborales, pues, según los empleados, se les ha insinuado que cualquier reclamo, queja formal o intento de cese podría derivar en la terminación de sus contratos.

El personal de servicios generales indicaron que al acudir a la gerencia de la USI se les respondió que, al estar tercerizados, la responsabilidad del pago recae exclusivamente en la empresa Servitroal, postura que, según los denunciantes, los dejó en un limbo administrativo sin respuestas concretas.

Posteriormente, afirmaron que la supervisora les compartió un audio de Troncoso Álvarez representante legal de la empresa, en el que se dice que la USI adeuda tres meses a Servitroal y que, mientras esos recursos no sean girados, no existe capacidad para pagar los salarios del personal.

Los trabajadores sostuvieron  que la mayoría del personal afectado está conformado por mujeres cabeza de familia, quienes atraviesan una situación económica crítica al no contar con dinero para cubrir gastos básicos como arriendo, servicios públicos y alimentación. A esto se suma la incertidumbre frente al pago de la prima y las dificultades propias de la temporada de fin de año.

En la queja también se cuestionó que, mientras no se cancelan los salarios al personal de servicios generales, la USI sí haya destinado recursos para otras actividades internas, como la entrega de anchetas a funcionarios, de las cuales este grupo de trabajadores fue excluido.

Finalmente, los operarios recalcaron que el cese de actividades se mantendrá hasta que se les garantice el pago oportuno de los salarios y prestaciones adeudadas, así como la protección frente a posibles represalias. Insisten en que no buscan confrontación, sino respuestas concretas y el respeto de sus derechos laborales.

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