Presidente acusó de corrupción al Tolima: se robaron los recursos del PAE

Por: Edgar Antonio Valderrama Zabala.

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Levantaron ampolla los señalamientos del presidente Gustavo Petro a la Gobernación del Tolima y otras administraciones departamentales y municipales al acusarlas de corrupción en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar: “Se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios, por codicia, corrupción profunda en departamentos y municipios”, afirmó el mandatario, al advertir que: “aunque el gobierno agrandó la inversión para garantizar la alimentación de los estudiantes, persisten prácticas indebidas”. El jefe de Estado cuestionó la contratación con fundaciones que, según él, “no tienen función social sino ganas de quedarse con la plata”, y aseguró que los recursos terminan desviados hacia campañas electorales. “Con la plata de la comida de los niños pobres compran el voto de los padres de los niños pobres, y el padre y la madre hacen el peor negocio porque votan por el ladrón de la comida de sus hijos”. El presidente también se refirió a los resultados de las pruebas Saber Pro, en las que el Tolima aparece con los peores indicadores. «El peor es Tolima. La  gobernadora, se dedica a hacer oposición contra Petro y se tira a su propio pueblo».

El presidente anunció mas controles y advirtió que quienes cometan estas prácticas enfrentarán sanciones judiciales. “Aquí tiene que haber auditoría. El que haga eso se va para la cárcel. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben”, sostuvo. Y es que la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar y el Ministerio de Educación han mostrado información precisa sobre el PAE en el Tolima. Los datos son explícitos: el Gobierno Nacional ha cumplido con los giros, ha incrementado en un 62% los recursos entre 2022 y 2024 y ha proyectado un billón adicional para el programa a nivel nacional, si prospera la Ley de Financiamiento. A pesar de ello, en el departamento más de 77 mil niños y niñas se quedaron sin alimentación escolar durante 6 días y la Secretaría de Educación Departamental argumenta que los recursos solo alcanzan hasta la primera semana de octubre e insiste en que el PAE está desfinanciado por ausencia de recursos. Sin embargo, los registros oficiales muestran lo contrario: los giros han ido en aumento progresivo y los desembolsos se hicieron al departamento, es más la Secretaría de Educación, conocía desde enero el monto exacto con el que contaba para 2025 y no presentó un plan financiero oportuno ni consistente.

Mientras el Gobierno nacional ha aumentado de modo sostenido su participación en la financiación, del 76,6% en 2022 al 81% en 2025-, la participación de la Gobernación cayó del 23,4% al 19%. Esto desmonta el cuento de la desfinanciación nacional y refleja una clara falta de voluntad política para garantizar el aporte territorial que le corresponde. El debate ha dejado en evidencia que la tesis del Secretario de Educación del Tolima es débil y carente de sustento técnico frente a lo informado por el Ministerio de Educación. Justificar la falta de recursos en agosto con sobrecostos en zonas de difícil acceso es desacertado, pues se trata de una situación estructural y previsible del programa que debía contemplarse en la planeación. Tampoco es categórico alegar que la Reforma Laboral encareció la ración, ya que los mayores incrementos se produjeron entre 2023 y 2024, cuando el almuerzo preparado en sitio pasó de $6.805 a $8.176 (20,1%) y la ración industrial de $5.640 a $6.690 (18,6%), todo antes de la entrada en vigencia de dicha reforma. En contraste, en 2025, cuando la Reforma Laboral sí aplica, los incrementos fueron mucho más moderados: apenas 2,6% en el almuerzo y 6,5% en la ración industrial, lo cual demuestra que ni la inflación ni los cambios normativos explican saltos de esa magnitud. El verdadero problema radica en la forma como la Gobernación contrató la operación del programa, privilegiando a operadores que encarecen las raciones sin ampliar la cobertura ni beneficiar al campesinado. Se ha insistido a la Gobernación que desarrolle una estrategia de compra directa a los productores locales en cada municipio, pero hasta el momento ha sido imposible. El Tolima paga raciones muy por encima del promedio nacional -$8.395 frente a $6.000- sin que ello se traduzca en mayor cobertura ni en la inclusión de productores rurales; por el contrario, la Gobernación y el operador del PAE mayoritario presentó como cumplimiento de la Ley 2046 o Ley de Compras Públicas, a cuatro grandes distribuidores, desnaturalizando por completo el espíritu de la norma que es compra directa a los campesinos.

La crisis del PAE en el Tolima no es técnica, es política. Y no solo se ha presentado ahora, viene de tiempo atrás pues no es la primera vez que se denuncian irregularidades. Es la expresión de una falta de voluntad para planear con rigor, ejecutar con transparencia y cumplir la Ley de Compras Públicas. Pero también puede convertirse en una oportunidad: la de transformar el modelo de operación y devolverle al programa su esencia social. Se requiere un esquema en el que las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones productivas locales y las madres de familia participen activamente en la gestión y ejecución, garantizando alimentos propios de la región, oportunidades de ingreso para las mujeres campesinas y control social en los territorios.

El Gobierno nacional ha hecho su parte: los recursos están sobre la mesa. Corresponde ahora a la Gobernación asumir su responsabilidad, dejar de lado la desinformación y comprometerse con un PAE transparente, eficiente y verdaderamente territorial. El futuro de la niñez tolimense no puede seguir hipotecado por excusas administrativas o por la comodidad de intermediarios y gobernantes.