¿Se atreverá la alcaldesa de Ibagué a liquidar el polémico contrato del puente elevado de la calle 60?

Luego que la administración de Johana Aranda, declaró el incumplimiento del contrato e impuso una multa de 3.914 millones de pesos al consorcio Puente Carrera 5, representado por el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto, saltaron varios interrogantes sobre el futuro del polémico proyecto que comenzó bajo la promesa del exalcalde Andrés Fabián Hurtado de mejorar significativamente la movilidad en la ciudad y ahora enfrenta un futuro incierto.

La decisión del gobierno local, fue calificada por los expertos como ‘débil’, hecho que ha generado múltiples interrogantes sobre el destino del proyecto.

Conlaverdad.com consultó a varios expertos en temas contractuales, para entender el tortuoso proceso que se avecina para la finalización del puente de la calle 60 de está capital.

Según las fuentes auscultadas, después de la determinación de la Alcaldía, el paso a seguir es que el contratista Olaguer Agudelo Prieto deberá pagar la multa impuesta. Esto requerirá agotar todos los recursos gubernativos disponibles, en caso de que el ingeniero decida presentar una demanda en el futuro.

Simultáneamente, la administración local debe realizar una evaluación detallada de las obras realizadas, los pagos efectuados y los trabajos pendientes. “Una vez se ocupe la administración de estos aspectos, deberá decidir si continúa el contrato con el mismo consorcio Puente Carrera 5, o si inicia un nuevo proceso contractual,” explicó uno de los expertos.

Si la decisión es no continuar con el mismo contratista, el Municipio tendrá que entrar a liquidar el contrato actual y proceder con una nueva licitación pública para adjudicar el proyecto a otro contratista.

La situación se complica aún más debido a la necesidad de hacer un balance exhaustivo de las obras ejecutadas. “Es crucial evaluar qué ha hecho el contratista hasta la fecha. Debe sustentarse adecuadamente en qué se gastó el anticipo, que asciende aproximadamente a 1.900 millones de pesos,” destacaron las fuentes.

En caso de que el contratista Olaguer Agudelo Prieto no pague la multa, la administración de Johana Aranda, deberá entrar hacer efectivas las póliza de seguro. Esto podría implicar la finalización del contrato actual y el inicio de un nuevo proceso contractual, ajustando el presupuesto y posiblemente rediseñando partes del proyecto.

Cabe destacar que el proyecto original fue definido en 2022 y ahora, en 2024, los costos han cambiado.

La situación del contratista Olaguer Agudelo Prieto es complicada. Según los consultados, es improbable que pueda pagar una multa de 3.914 millones de pesos, especialmente considerando que el presupuesto inicial del contrato es de 40.000 millones de pesos. “Si se aplica la póliza de seguro, eso indicaría una incapacidad financiera para continuar con el proyecto,” explicaron.

Además, existe una falta de claridad en la ejecución del anticipo, lo cual agrava la situación financiera del consorcio Puente Carrera 5. Sin los recursos necesarios, el consorcio no puede avanzar en la finalización del puente elevado de la calle 60.

Es importante señalar que, a diferencia de otros contratos entrados al polémico ingenio Agudelo Prieto en la región, como la construcción de los hospital de Chaparral y Rioblanco, la Gobernación del Tolima, dio por terminado el contrato; la administración de Johana Aranda optó por imponer una multa al contratista. No obstante, la posibilidad de rescindir el contrato sigue latente.

“La administración ha dejado claro que el contrato existe, pero hay un evidente incumplimiento por parte del contratista. Este proceso está sujeto a recursos legales que el contratista puede interponer,” concluyeron los expertos.