Se mueve denuncia por contrato a esposa de Hurtado en la Alcaldía Aranda
El contrato, fue firmado con descaro 53 días después del cambio de gobierno.
Conlaverdad.com conoció que se mueve la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación por la celebración del contrato entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, esposa del exalcalde Andrés Fabián Hurtado, quien se encuentra legalmente inhabilitada para contratar con el municipio, según lo estipula la Ley 80 de 1993.
La queja, radicada bajo el número DOKUS E-2025-180399, fue elevada por el abogado José Baruth Tafur Gutiérrez y ya fue trasladada por competencia a la Procuraduría 101 Judicial II Penal de Ibagué, a cargo de Alba Cristina Morales Lozano. Así lo confirmó un oficio fechado el 21 de abril de 2025, firmado por Carlos Andrés Lineros Prieto, abogado de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 5.
El escándalo gira en torno al contrato 087 de 2024, firmado el 22 de febrero por Sebastián Augusto Perdomo Rondón, gerente del IMDRI nombrado por la alcaldesa Johana Aranda y ficha incondicional del exalcalde Hurtado. El documento compromete recursos públicos por $65.405.000 y vincula durante 11 meses a Galeano Ortiz como contratista para labores supuestamente relacionadas con el componente psicosocial de programas deportivos.
Pero más allá de las funciones, lo que resulta flagrante es la violación abierta del régimen de inhabilidades. Según el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, los cónyuges de exalcaldes no pueden contratar con el mismo municipio en el periodo inmediatamente posterior al fin de su mandato. Hurtado dejó el cargo el 31 de diciembre de 2023, y menos de dos meses después, su esposa ya estaba firmando un contrato con la nueva administración.
Lejos de ser un “olvido” administrativo, este contrato revela cómo el poder en Ibagué sigue siendo manipulado desde las sombras por el exalcalde Hurtado, con el consentimiento total de su heredera política, la alcaldesa Johana Aranda. La contratación de la exgestora social no solo contradice la ley, sino que constituye un burdo ejemplo de favorecimiento personal, tráfico de influencias y uso de la administración como fortín político familiar.
El discurso de “cero corrupción” y “transparencia” que vendió Johana Aranda durante su campaña se desmorona ante hechos como este. La administración no solo permitió una contratación abiertamente ilegal, sino que lo hizo sin pudor, sin el más mínimo intento de disimulo.
La acción presentada exige la nulidad del contrato, la apertura de una investigación disciplinaria contra los responsables de su firma y la adopción de medidas correctivas para evitar que se repita este tipo de prácticas. La Procuraduría ya estudia el caso, y en los círculos políticos se habla de posibles sanciones que podrían escalar hasta lo más alto de la administración municipal.
