Tumban al alcalde de Ataco por doble militancia
La noticia de la anulación ha generado una oleada de reacciones en Ataco.
En las últimas hora de conoció que el Tribunal Administrativo del Tolima, anuló la elección de Héctor Fabio Muñoz Briñez como alcalde del municipio de Ataco.
Doble militancia: el punto de quiebre
La resolución del tribunal se centró en una infracción específica: la doble militancia. Muñoz Briñez, quien fue elegido bajo el aval del partido Nueva Fuerza Democrática, no cumplió con la normativa que exige la renuncia a su vinculación y a su cargo anterior como concejal del partido ASI al menos 12 meses antes de postularse a un nuevo cargo público. Este requisito, estipulado en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, es claro y su incumplimiento resultó en la nulidad de su elección.
La sentencia y sus implicaciones
El fallo, emitido por los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, no solo anuló el acto de elección contenido en el Formulario E-26ALC del 2 de noviembre de 2023, sino que también ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de nuevas elecciones para el periodo 2024-2027.
Esta medida busca garantizar que el próximo alcalde de Ataco sea elegido dentro del marco de la legalidad y la transparencia que demandan las leyes colombianas.
Reacciones en la comunidad y el escenario político
La noticia de la anulación ha generado una oleada de reacciones en Ataco. Para algunos, esta decisión refuerza la integridad del sistema electoral y subraya la importancia de seguir las normas. Otros, sin embargo, expresan preocupación por la incertidumbre y el vacío de poder que se avecina hasta que se realicen las nuevas elecciones.
Los habitantes de esa población ubicada en el sur del Tolima, se encuentra ahora en un estado de expectativa, mientras los partidos políticos comienzan a preparar sus estrategias para la próxima contienda electoral.
La convocatoria a nuevas elecciones plantea no solo un desafío logístico sino también un examen de la capacidad de los candidatos y sus partidos para cumplir con los requisitos legales y ganar la confianza del electorado.