Rechazo a designación de Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad de la Gobernación

Por Edgar Antonio Valderrama

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El recuerdo que perdura de la gestión de Eduardo Zapateiro como Comandante General del Ejercito Colombiano es el peor, sobre todo luego del sentido pésame que expresó por la muerte del tristemente célebre “Popeye”, uno de los mortales lugartenientes de Pablo Escobar. Por ello, la dirigente política Martha Alfonso dio a conocer que aunque reconoce la importancia de fortificar la seguridad en la región, es básico que quienes asumen estos cargos cuenten con trayectoria íntegra y un compromiso claro con los derechos humanos asegurando: “En el exgeneral Zapateiro no se encuentran estas características. El, quien fue Comandante del Ejército Nacional, ha sido señalado en varios hechos que empañan su carrera militar. Uno de los casos más graves es su presunta conexión con la masacre del Aracatazo, sucedida en 1995 en Chigorodó, Antioquia, donde grupos paramilitares cometieron un ataque, mientras el Batallón Voltígeros en Urabá, del cual Zapateiro era Comandante de Compañía, estaba en la zona. Si bien la pesquisa aún no ha acabado, las denuncias apuntan a una posible connivencia entre fuerzas estatales y actores armados ilegales, un molde que ha causado enormes estragos a la población civil y un aumento del miedo que es la peor amenaza para la democracia. El nombre de Zapateiro también ha sido relacionado con la masacre ocurrida en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022, durante una operación militar dirigida por el Ejército bajo su liderazgo, en la que murieron 11 personas”.

Es necesario recordar que la Defensoría del Pueblo en el Comunicado 311 de 2022, reveló que en medio de los hechos, murió el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un gobernador del pueblo indígena, un joven de 16 años y varias de las víctimas fueron presentadas como guerrilleros abatidos, cuando en realidad eran campesinos y civiles, lo que generó indignación nacional e internacional en reprobación a las directrices y los protocolos adoptados bajo el mando de Zapateiro, afirmando además que:“durante el estallido social de 2021, su nombre fue incluido en denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra manifestantes”. 

Martha Alfonso, hizo un llamado a la Gobernación y declaró que: “El Tolima enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, pero estos deben ser atendidos con estrategias integrales que prioricen la protección de la ciudadanía y garanticen el respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, es clave que quienes asuman cargos de alta responsabilidad cuenten con una trayectoria que genere tranquilidad y credibilidad en la población y, especialmente, total respeto por los derechos humanos. Zapateiro no es garantía de ello”.

Lo curioso es que, en ceremonia de transmisión de mando, el coronel Diego Fernando Patiño Orozco asumió como comandante de la VI Brigada del Ejército, para liderar los 4.600 hombres y mujeres encargados de velar por la seguridad del departamento, con el compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y el bienestar de los tolimenses, consolidando el trabajo realizado por su antecesor el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa quien recibió emocionantes palabras por su labor. Incluso, Adriana Magali Matiz, en la ceremonia y expresó su gratitud hacia el coronel Luque Ochoa por su notoria gestión diciendo:“Reconocemos y agradecemos al coronel Luque su compromiso, disciplina y esmero por preservar la seguridad en el departamento. Esto se logró gracias a un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las instituciones”. Por su parte, el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa destacó el respaldo recibido por parte de la Gobernación y agradeció a todos los actores que contribuyeron a fortalecer la seguridad en el departamento.

Colombia vive retos en materia de seguridad que demandan medidas sensatas y justas entre entes territoriales, fuerza pública y gobierno nacional. El Tolima, tiene problemas que, sin ser como los del Catatumbo, Cauca, Nariño u otras regiones del país, llaman la atención de autoridades y ciudadanía y demanda contextos que impidan que se expandan. Toda decisión en materia de seguridad debe estar afirmada en elementos claros de respeto a los derechos humanos, la legalidad y la protección de la población civil como fin vital de la acción estatal.

Por ello, resulta preocupante la designación de Eduardo Enrique Zapateiro como asesor de seguridad de la Gobernación y cual será su postura frente a los militares que realmente tienen el mando y el control del orden público en el Tolima.

Y la protesta, es casi generalizada, incluso se dió frente a la misma gobernación, por que los escándalos que salpican a Zapateiro no solo están coligados a violaciones a los derechos humanos, sino también a posibles hechos de corrupción cuando fue comandante de la 5ª Brigada en Santander donde ha sido vinculado a manejos poco claros de recursos para la protección de material de reserva militar, o más nuevo aún, el viento sombrío que le sopla por las declaraciones del “narcochofer” que fue capturado transportando droga del Clan del Golfo en un carro de la Unidad Nacional de Protección y que participó en la fuga de alias “Matamba”, confesiones en las que señaló una supuesta complicidad de Zapateiro. En el recuento de su trayectoria, elaborado por la Gobernadora, cuando hizo su exposición como asesor de seguridad, relegó estos datos.

Si, el Tolima afronta retos en materia de seguridad, sobre todo en zonas rurales, donde la violencia y la ilegalidad pegan con fuerza. Pero, abordar estos problemas requiere más que medidas militaristas.

El nombramiento de Zapateir, genera dudas sobre la orientación que tomará la política de seguridad en el departamento, pues su trayectoria no ofrece garantías para que las que se tomen, prioricen la protección de la ciudadanía y el respeto por los derechos fundamentales. La seguridad no puede estar desvinculada de la cimentación de paz y el fortalecimiento del tejido social, lo que encarna que cualquier maniobra debe articularse con la comunidad, escuchar sus necesidades y atender las causas que perpetúan el terror.